Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales (para conseguir el permiso de residencia). Así ilustraba en 2022 el Ministerio de Justicia a los inmigrantes con antecedentes y penas ya cumplidas sobre los pasos a seguir para quedarse de manera indefinida en el país. El mensaje, que ya en su momento generó controversia, vuelve hoy al centro del debate de la mano de Santiago Abascal, que ante las políticas garantistas del Gobierno socialista vuelve a cuestionar el modelo migratorio que viene definiendo el contexto Occidental de los últimos 30 años.
Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia.
— Ministerio de la Presidencia, Justicia y R. Cortes (@justiciagob) June 12, 2022
🎥Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales⤵️https://t.co/USJBPACTCQ
El derecho que menciona el Ministerio no es en ningún caso una prerrogativa exclusiva para los migrantes, como algunos parecieron entender en su día. Se trata de un derecho recogido en el Código Penal –Artículo 136-, por el cual cualquier persona que haya cumplido su correspondiente deuda con la sociedad tras una condena en firme puede solicitar el olvido de sus antecedentes. En su contexto, sin embargo, la polémica es entendible; sin poner en duda sus derechos, ¿es deseable para el conjunto de la sociedad incluir de manera indefinida en ella a alguien que ha delinquido? La narrativa inmigracionista tiene un componente humano, pero no nos engañemos: se legitima principalmente de la instrumentalización del migrante como miembro productivo de la sociedad. No es entonces extraño que este tipo de estridencias por parte de las instituciones de Gobierno levanten jaleo. Ponerle las cosas fáciles a quien viene a colaborar y progresar es justo -y necesario-, que las instituciones de Gobierno pongan con tanta diligencia los resortes necesarios para que quien se ha demostrado delincuente pueda residir permanentemente entre nosotros, es, al menos, extraño.
La polémica resurge en un momento delicado para el debate migratorio. España está aligerando los trámites para empezar a regularizar migrantes en situación de ilegalidad. En un esfuerzo por revestir el modelo de «exigente», los permisos de residencia, más laxos qwue antes, requieren aún de un contrato, 2 años de residencia y la ausencia de antecedentes. Ahora bien, sabiendo como funciona el sistema penal, ¿son dichas garantías suficientes?
