Sigue el calvario entre el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma Stop Creuers. En esta ocasión, las desavenencias con el consistorio responden a la decisión de cerrar las terminales A, B y C del puerto de la Ciudad Condal.
Pretenden acabar con las protestas
Desde la plataforma, mediante comunicado, han calificado este acuerdo entre el equipo de gobierno y la dirección del puerto de “insuficiente”. La entidad vecinal sostiene que la medida se impulsa con el objetivo de desdibujar la lucha social y maquillar un modelo económico depredador.
La decisión —denuncian— blinda la construcción de una nueva megaterminal con capacidad para 7.000 pasajeros diarios. Una nueva infraestructura que será la terminal más grande de todo el mediterráneo. Collboni, de este modo, presume de reducir las terminales disponibles para cruceristas, pero omite —según Stop Creuers— que en la terminal de nueva creación se priorizará la llegada de turistas que pernocten en Barcelona.
Un proyecto de mayor envergadura
Así pues, el acuerdo “responde a los intereses del lobby y consolida la insoportable explotación de la ciudad al turismo en general y a los cruceros en particular”. Unas conclusiones que, advierten, son el verdadero leitmotiv del PSC: “favorecer a la industria turística con financiación pública y desatender el impacto social y ambiental que genera la actividad”.
Para Stop Creuers, la construcción de la megaterminal no es más que una pieza del engranaje socialista. La plataforma incluye en ese mismo enclave favorable a la tercerización de la economía productiva tanto la ampliación del aeropuerto del Prat como el futuro puente móvil. Una voluntad política, dicen, que queda muy lejos de la exigencia de medidas decrecionistas que reclaman desde hace años los movimientos vecinales y ecologistas de la ciudad.
