El socialismo empieza a arrepentirse de su ofensiva curricular. Ángel Batalla, presidente del PSPV y hasta hoy comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA en la Comunidad Valenciana –lo que viene siendo un cargo cualquiera, vamos-, ha presentado su dimisión tras conocerse la falsificación de su titulación académica, corroborada por la Agencia Antifraude valenciana.
¿El detonante? Un título universitario que nunca existió. Ángel habría accedido a su plaza como funcionario alegando haber cursado una licenciatura en Archivística y Biblioteconomía en 1983 en la Universitat de València, título indispensable para acceder al cargo. Sin embargo, dicha titulación ni siquiera existía en aquel momento, y no consta expediente académico que lo respalde. Un cúmulo de irregularidades que apuntan también a severas «negligencias» -creo que todos sabemos que esa no es la palabra más certera- dentro de la Diputación de Valencia, donde se validó el diploma sin verificación oficial.
Ángel sostiene que su acceso a la función pública fue conforme a los requisitos de la época, basándose en el Bachillerato. No obstante, justifica su dimisión en lo que considera una “campaña de desgaste incansable” sobre su carrera política. Una «justificación» que refuerza la sensación de opacidad con la que el PSPV ha gestionado el caso.
La Fiscalía estudia posibles delitos de falsedad documental y acceso fraudulento a la función pública, mientras se revisa también la situación contractual de su esposa, Carmen Ninet, quien podría haber accedido a su puesto sin acreditar la titulación requerida.
El Partido Popular ha calificado la dimisión de “insuficiente” y ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Reclaman responsabilidades políticas y la devolución del dinero público cobrado indebidamente si se confirma el fraude. Batalla se marcha, pero el daño institucional ya está hecho.
