Sílvia Orriols no desperdicia un solo frente de confrontación. Aliança Catalana ha lanzado en Barcelona una campaña piloto destinada a denunciar a los comercios que no rotulen o no atiendan en catalán. De acuerdo con las informaciones poublicadas por digitales afines, en apenas 48 horas el partido ha recibido alrededor de 25 denuncias remitidas por ciudadanos con fotografías, vídeos y testimonios. Todo muy sano.
El procedimiento es directo: cualquier persona puede remitir pruebas, y es el propio partido quien asume la tramitación formal de la denuncia y su seguimiento. Además, cada caso se difunde en redes sociales con el propósito de señalar públicamente a los establecimientos supuestamente infractores.
La intención -declarada por la misma Orriols- es extender la campaña a todo el territorio catalán una vez consolidada en la capital. En sus palabras, se trata de poner fin a la “humillación” que sufren los catalanohablantes cuando no son atendidos en su lengua.
El planteamiento es, cuanto menos, polémico. Este tipo de estrategias se acercan más a la persecución lingüística contra el castellano que a la promoción del catalán. Catalunya es oficialmente bilingüe, y el castellano lo emplean millones de ciudadanos en su vida diaria. El hecho de que un partido político asuma el rol de vigilante y difusor público de denuncias plantea serios interrogantes sobre la libertad lingüística de los consumidores y empresarios.
La difusión y señalización en redes sociales de los negocios denunciados supone un riesgo añadido, que ya ha derivado con aterioridad en campañas de señalamiento y acoso.
Aliança Catalana ha crecido en notoriedad en los últimos años con un discurso nacionalista identitario, parece que ahora busca reforzar así su imagen de partido “intransigente” en la defensa del catalán. ¿Es esta una forma legítima de proteger la lengua propia o un paso hacia la imposición y la confrontación con el castellano y quienes lo usan?
