Tensión en Reino Unido. El Tribunal de Apelación británico ha obligado a anular la orden judicial que obligaba a desalojar a los solicitantes de asilo del Bell Hotel, en Epping, tras la victoria del consejo local de la municipalidad. La ciudadanía se muestra triste y decepcionada. Para la vecindad, estaba en juego la seguridad y el derecho de la comunidad a decidir sobre si misma.
The decision to overturn Epping's injunction on the Bell Hotel was never in doubt. The locals fought, the council stood firm – but the system was always going to crush it. This was not a legal battle. It was a political one. And the verdict was stitched up from the start.
— Jim Chimirie 🇬🇧🎗 (@JChimirie66677) August 29, 2025
Three… pic.twitter.com/O2WTJ3xP3I
El consejo local logró este mismo agosto una victoria provisional, al obtener una orden que forzaba la retirada de más de un centenar de migrantes alojados en el hotel. La justificación era clara: el uso del establecimiento como centro de acogida nunca contó con autorización, había generado tensiones crecientes y se vinculaba incluso a incidentes graves, entre ellos la agresión denunciada por una menor de 14 años. Los vecinos lo describen como una «pesadilla constante» debido a las muestras de incivismo y aumento de la inseguridad.
Sin embargo, tres jueces de la Corte de Apelación han revocado la medida. Argumentan que permitir que la orden se mantuviera sentaría un precedente peligroso,» alentando protestas y desórdenes en otros municipios».
Horrific the way that the interests of illegal migrants are being put ahead of the safety of girls in Epping.
— Liz Truss (@trussliz) August 29, 2025
This appalling anti-British Government have to be booted out and their Human Rights Act repealed.
We need a proper Lord Chancellor again with the powers to appoint…
Liz Truss, exprimera ministra británica, califica los hechos de horripilantes. Para la conservadora, la sentencia pone de manifiesto una jerarquía de prioridades en la cual los intereses de la ciudadanía brtiánica caen en segundo puesto tras los de la «inmigración ilegal». El reciente cambio de paradigma en el debate migratorio europeo marca un contexto complicado.
Para los residentes de Epping, estas explicaciones no son más que excusas técnicas. Lo que ven es un patrón: cuando una comunidad dice “basta” y logra hacer valer sus derechos, el aparato judicial y político interviene para blindar un modelo migratorio cuestionado incluso por el Primer Ministro laborista. Las declaraciones son transparentes: se sienten ignorados, desprotegidos y relegados a espectadores de un proceso que impacta directamente en su vida diaria.
