Una imagen sobre el déficit de las pensiones contributivas ha circulado masivamente en redes sociales a lo largo de las últimas horas con datos que llaman a la preocupación. El gráfico compara el gasto en pensiones con otras partidas del presupuesto público como la Casa Real, los sindicatos o la defensa, que palidecen ante esta partida.
Los datos oficiales, sin embargo, dibujan un mapa más desolador que la viral instantánea; un desafío sumamente complejo de una magnitud colosal.
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— Jon González (@Jongonzlz) September 1, 2025
El gasto en pensiones contributivas superó en agosto de 2025 los 13.600 millones de euros al mes, que nos estima más de 163.000 millones en el acumulado anual. La pensión media de jubilación asciende a 1.507 euros mensuales, aunque con diferencias importantes: los asalariados cobran de media 1.666 euros, frente a los 1.010 euros de los autónomos. En total, más de 10 millones de personas perciben alguna prestación contributiva.
El Gobierno ha aprobado para este año una revalorización del 2,8 % en las pensiones contributivas y del 9 % en las no contributivas, con un coste adicional de 6.700 millones de euros. Casi nada para un sistema en protofallida. Las medidas «protegen el poder adquisitivo de los pensionistas», pero aumentan onerosamente la presión sobre las cuentas públicas.
Como ya viene siendo habitual en esta nuestra España, los datos no son del todo fiables. La Seguridad Social presenta hasta junio un superávit de 16.718 millones de euros, «gracias al aumento de las cotizaciones y al Mecanismo de Equidad Intergeneracional«. El saldo es engañoso: sin las transferencias del Estado, el sistema muestra un déficit contributivo del 3,8 % del PIB. Es decir, el sistema no se sostiene y compensa sus pérdidas con emisión de deuda y aumento de impuestos.
El problema es estructural. La Comisión Europea prevé que España será el país de la UE con mayor gasto en pensiones entre 2044 y 2066, alcanzando el 17,3 % del PIB en 2051. Hoy, uno de cada cuatro euros destinados a pensiones ya depende de la financiación estatal.
Las reformas recientes -retraso progresivo de la edad de jubilación, incentivos para seguir trabajando tras los 65 años y el propio MEI- apenas compensan, se estima, un 1,4 % del PIB, muy lejos de lo necesario para absorber el incremento del gasto. El problema de las pensiones o se soluciona con 4 ajustes. El partido de Gobierno que se encuentre con el pastel en plena legislatura tendrá muchas explicaciones que dar.
