Con el final de agosto y la bajada de temperaturas se nos acabaron las distracciones del verano a quienes hemos asistido como telespectadores atónitos a la denodada lucha de los equipos de extinción para apagar fuegos descontrolados por toda la geografía, a los continuos problemas ferroviarios y aeroportuarios que dejaban a los pasajeros varados en estaciones y descampados al iniciar sus vacaciones y a esas escenas idílicas de bañistas en playas, chiringuitos y restaurantes atiborrados, donde los muchos que habían logrado llegar hasta allí sanos y salvos disfrutaban de un merecido descanso.
De vez en cuando, algún ministro se dignaba aparecer para recordarnos que el ferrocarril y los servicios dependientes del Gobierno de España pasan por el mejor momento de la historia, en tanto que cualquier servicio dependiente de los gobiernos autonómicos, los que verdaderamente nos prestan los principales y más complicados servicios, son un completo desastre, algo que no ocurriría si gente tan preparada como la vicepresidenta Montero, la pareja de los Oscar y las siempre arrobadas Alegría y Rodríguez estuvieran al frente de los gobiernos autonómicos.
Menudo alivio
No todo han sido sinsabores y desgracias, porque gracias a las vacaciones estivales nos hemos librado de ver la imagen de cartón piedra del presidente Sánchez durante varias semanas, recluido en idílicos escenarios -Lanzarote y Andorra-, bien comido, servido y protegido por un nutrido grupo de guardaespaldas, lejos del mundanal ruido no fuera a verse en otro brete semejante al acaecido cuando de mala gana acompañó durante unos minutos a los Reyes en su visita a los afectados de la Dana hace unos meses, antes de darse a la fuga. En esta ocasión, dejó a los Reyes disfrutar de los paisajes desolados acompañados por alguna de sus ministras y la verdad es que tanto las victimas como los telespectadores lo agradecimos sobremanera. Y es que, digamos, pisar, pisar la calle, no parece estar entre las prioridades de este hombre forjado en alguna casa del pueblo, asunto llamativo porque sus políticas progresistas, según nos dicen algunos ministros las comparte la inmensa mayoría de los españoles, hasta un 80 % según Bolaños en el asunto de la quita de la deuda.
Sin duda, me encuentro entre ese 20 % de españoles que rechaza el traspaso al Estado de una parte de la deuda autonómica aprobada por el gobierno de Sánchez hace unos días, no por amala fe, sino precisamente por tratarse de una medida cocinada con el único propósito de cumplir algunos de los compromisos adquiridos por Sánchez para ser investido presidente con los siete votos de ERC, un acuerdo alcanzado sin contar con la opinión del resto de Comunidades Autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PSOE. Tan impresentable como la presentación de la ley de amnistía el 13 de noviembre de 2023, para contar en el trance de investidura de Sánchez dos días después con los siete votos de Junts, la formación del prófugo de Waterloo. Cerdán, secretario de organización del PSOE y mano derecha de Sánchez tras la destitución de Ábalos, fue quien alcanzó el pacto más obsceno imaginable, y ahora ese papel de alcahueta lo desempeñan con indisimulado entusiasmo el zascandil de Zapatero, e Illa, el humanista cristiano que desde el gobierno de la Generalidad se dedica, al igual que Maragall (2003-2006) y Montilla (2006-2010), sus nada honorables predecesores del PSC, a hacer el trabajo sucio a los secesionistas catalanes.
En manos de trileros
La vicepresidenta y ministra de Hacienda ha salido a la palestra para atacar al PP por rechazar un acuerdo que beneficia a todas las Comunidades, especialmente a las gobernadas por el PP. Sí, desde luego, beneficia a todas, pero más a unas que a otras, circunstancia que para alguien que alardea de progresismo e igualitarismo debiera ser anatema. Si a una Comunidad, digamos Cataluña, se le condonan 6.371 millones de deuda más que a otras, digamos que hablo de Madrid, por el mero hecho de que el gobierno de la Generalidad se endeudó mucho más que el madrileño, resulta inevitable concluir que esos 6.371 millones, tras convertirse en deuda del Estado, constituyen un lastre para todos los ciudadanos con independencia de la Comunidad donde residen, y suponen un beneficio neto para las Comunidades que recibieron los beneficios íntegros del gasto público financiado con esos 6.371 millones y una pérdida neta para quienes, pese a no percibieron beneficio alguno de ese gasto, ahora tendrán que afrontar el pago de los intereses de 6.371 millones de deuda del Estado. Más que un gobierno de una economía puntera, la ministra de Hacienda se asemeja a una consumada trilera, experta en remover los cubiletes con destreza para dar gato por liebre.
Algunas voces, incluido los líderes del PP, reclaman a Sánchez que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o se vaya. Equivocan la diana porque el escenario menos malo para la mayoría de los ciudadanos es precisamente que Sánchez no logre sacar adelante las cuentas. Con la actual aritmética parlamentaria, los PGE 2026 sólo saldrán adelante con el respaldo de todos los grupos que avalaron la investidura de Sánchez, y si el coste pagado hasta ahora ha sido ya muy alto, por el descrédito institucional ocasionado por los indultos y la amnistía a golpistas que alardean de que volverán a hacerlo, por la condonación de la deuda, por el indecente blanqueamiento de los herederos de ETA, por las transferencias de competencias en inmigración y fronteras, por ignorar las decisiones de los tribunales en defensa de la enseñanza en castellano en Cataluña, etc., etc., la lista de exigencias y compromisos que a buen seguro presentarán a Sánchez sus avalistas para dar el sí a las cuentas puede dar la puntilla al Estado democrático concebido como una institución de ciudadanos libres, iguales y solidarios.
Un escenario desolador
Desmembrar la Agencia Tributaria y ceder la gestión de los impuestos estatales a la Generalidad de Cataluña, establecer un modelo de financiación singular para Cataluña distinto del resto de Comunidades ahora sujetas al régimen de financiación común, dejar la aportación de Cataluña al sostenimiento del Estado al albur de una negociación bilateral posterior en la que el gobierno de la Generalidad jugará con la ventaja de tener la saca en sus manos, ampliar el cuerpo de los Mozos de Escuadra y sus funciones a costa de reducir la presencia y funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establecer un sistema judicial autónomo en Cataluña, etc., nos acercan cada vez más a un modelo confederal donde el Estado central no pasa de ser una suerte de cascarón vacío carente de funciones y los gobiernos autonómicos campan por sus respetos, como ocurre ya con los Ministerios de Educación y Sanidad.
Si uno echa las cuentas, coloca en un platillo de la balanza las concesiones institucionales, presupuestarias y tributarias que el gobierno de Sánchez tendrá que hacer para sumar los votos de ERC, Junts, EH Bildu y PNV durante para sacar adelante las cuentas, y en el otro platillo los beneficios de contar con unos PGE que facilitarán a Sánchez estirar la legislatura hasta 2027, la opción menos dañina es que el autócrata continúe gobernando sin contar con el Congreso, como viene haciendo cuando no cuando las propuestas legislativas no favorecen a sus avalistas, y como ya ha anunciado piensa seguir haciendo en caso de no lograr aprobar los presupuestos.
Lo realmente sorprendente es que ante los disparates protagonizados por los sucesivos gobiernos presididos por Sánchez desde 2019 y el aún más desolador escenario que podría materializarse en caso de seguir en la Moncloa, siga habiendo tantos ciudadanos de buena fe, defensores de la igualdad y solidaridad, que no se espanten ante los engaños reiterados de un presidente sin escrúpulos que ha regresado tras sus vacaciones para decirnos que “hay políticos que tratan de hacer justicia”. No se puede describir mejor lo que él mismo hace cuando afirma que su fiscal general es inocente y su familia víctima de una persecución feroz por “jueces que hacen política”. Menuda cara dura la suya.
