El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull (Junts), ha solicitado formalmente a la Cámara “celeridad” en la resolución de los procedimientos abiertos contra cuatro diputados.
En concreto se trata de Laure Vega (CUP), Sílvia Orriols (AC), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox), a quienes se acusa presuntamente de vulnerar el Código de Conducta.
Burocracia y más burocracia…
Sin embargo, la responsabilidad de dar curso a los expedientes recae sobre la Comisión del Estatuto del Diputado y no se reúnen desde diciembre. Tampoco cuentan en estos momentos con un presidente que coordine la fiscalización de la actividad de los representantes públicos. A esto se suma que, una vez resuelto el expediente, este debe volver a la Mesa del Parlament que es el órgano que finalmente decide si se interpone una sanción.
El presidente Rull, recientemente en una entrevista concedida a ACN, defendió: “El Parlament debe garantizar una libertad de expresión amplia pero sin impunidad para la extrema derecha”. Por este motivo, según Rull, el sistema para detectar discursos de odio es análogo al del parlamento alemán, revisando las intervenciones a posteriori y aplicando medidas disciplinarias al diputado de turno.
Hasta 12.000 euros
Por lo que respecta a los cuatro diputados señalados por la Comisión: a Laure Vega se le achaca afirmar en sede parlamentaria que “lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un hecho cultural propio”. A Sílvia Orriols, se le acusa de señalar a la diputada Najat Driouech (ERC), manifestando que contribuye a “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico”.
Paralelamente, a los diputados de VOX Joan Garriga y Júlia Calvet, se les atribuye haber vinculado el socialismo con la prostitución y, por extensión, la corrupción. Si finalmente la Mesa resuelve que han vulnerado el Código de Conducta, la sanción para cada uno de ellos podría alcanzar los 12.000 euros.
