La economía no va bien. Por mucho que el Gobierno se emperre en esgrimir PIB y creación ocupacional como argumentos en la defensa de unas cuentas sólidas o un futuro prometedor, la realidad difiere sobremanera de su relato. De hecho, es en la correlación entre esas dos mismas variables donde se esconde una de las más manifiestas debilidades de nuestro modelo: la brutalización de empleo precario para el aumento del PIB. La creación indiscriminada de puestos de nula productividad y constatada precariedad para aumentar la producción bruta y dar una falsa imagen de prosperidad en lo macro.
Nuestro contexto económico está marcado por la presión del déficit público y el crecimiento sostenido de la deuda. Las recientes subidas de impuesto silenciosas o la propuesta que se realizó de que los trabajadores que perciben el salario mínimo comiencen a tributar reaviva la preocupación y el debate sobre la sostenibilidad del sistema y la necesidad de ampliar la base recaudatoria, que ahora mismo se plantea como única solución ante el colapso.
España mantiene desde hace años un déficit fiscal estructural que la obliga a cumplir con exigencias de consolidación presupuestaria impuestas por la Unión Europea. Que nos pongamos las pilas, vamos. Dichos «compromisos» requieren que el Estado reduzca progresivamente su déficit hasta alcanzar niveles considerados sostenibles. Toca gastar menos o producir más. España se decanta por gastar más sin un crecimiento sostenible.
La deuda pública española supera el 110% del PIB. Para financiarla, el Estado necesita seguir recaptando dinero, punto, lo que implica a su vez mayores emisiones de deuda y, por ende, más intereses a pagar. Esta espiral obliga a buscar nuevas fuentes de ingresos. En nuestro caso, y dado nuestro modelo de «crecimiento», solo hay una vía; subir impuestos.
El mecanismo más discreto y potente es la no deflactación de las tarifas del IRPF, que ya tratamos aquí pero resumiremos de nuevo: Deflactar el IRPF implica ajustar los tramos del impuesto en función de la inflación. Es decir, si los precios suben un 4%, los tramos deberían elevarse en la misma proporción para evitar que los contribuyentes paguen más impuestos simplemente por haber recibido aumentos salariales que compensan la pérdida de poder adquisitivo.
Cuando no se deflacta, los ciudadanos que reciben subidas salariales para mantener su nivel de vida pueden acabar en tramos superiores del IRPF, lo que se conoce como «progresividad en frío». En la práctica, esto significa que pagan más impuestos aunque su
capacidad real de consumo no haya mejorado. En nuestro caso, de hecho, ha provocado que los afectados paguen más impuestos a pesar de haberse empobrecido.
No requiere modificar leyes ni anunciar reformas fiscales, pero permite al Estado recaudar más sin tocar los tipos nominales. En un entorno inflacionario, que es en el que estamos, esta estrategia genera miles de millones de euros adicionales para las arcas públicas a partir de empobrecer al ciudadano.
Algunos gobiernos autonómicos han optado por deflactar sus tramos autonómicos del IRPF, pero el tramo estatal sigue sin ajustarse, lo que incrementa la presión fiscal de forma acumulativa.
Pero claro, tenemos más dramas. El sistema de pensiones, que es el reto para la economía española: una población cada vez más envejecida y una base laboral que no crece al mismo ritmo y el equilibrio entre cotizantes y beneficiarios a punto de estallar. El déficit de la Seguridad Social se ha convertido en una constante, y cubrirlo exige transferencias millonarias desde el Estado, lo que agrava aún más el déficit general.
Las opciones son muy limitadas, y ya estamos viendo algunas de ellas en marcha. Subir impuestos como sea, engrosar las arcas, aumentar el número de contribuyentes con quienes perciben el SMI y, que a nadie le quepa la menor duda, seguir subiendo la edad de jubilación. Colapsar colapsará todo igual, pero la asfixia tributaria y subirse al andamio con 73 tacos le regalará unas décadas al sistema.
