Jero García, exboxeador y fundador de la Fundación Jero García contra el acoso escolar, afirma en The Wild Project que en algunas comunidades autónomas de España, los colegios evitan activar protocolos contra el bullying porque ello implica la pérdida de subvenciones. Según él, un «sistema de puntos» penaliza a los centros educativos con inspecciones y recortes financieros si reportan casos, priorizando el dinero sobre la protección infantil. Esta denuncia, compartida por usuarios, ha acumulado miles de interacciones.
⚠️ ¿Sabías que los colegios en España no abren expedientes contra el acoso escolar o el bullying porque les quitan las subvenciones y concesiones?
— Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) October 18, 2025
Yo me acabo de enterar y no doy crédito😳
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¿Hay verdad en esta acusación? De acuerdo con Newtral, ni el Ministerio de Educación ni asociaciones especializadas como AEPAE o ANAR tienen constancia de políticas que quiten subvenciones por activar protocolos antiacoso. La Ley Orgánica de Modificación de la LOE obliga a todos los centros a contar con protocolos contra el acoso, pero estos varían entre las 17 comunidades autónomas, lo que genera inconsistencias.
Hay casos que invitan a la duda. El colegio Irlandesas de Loreto enfrenta una investigación de la Junta de Andalucía por presunto incumplimiento en el manejo del acoso que llevó al suicidio de una alumna. Asociaciones como AEPAE estiman que nueve de cada diez casos de bullying quedan impunes, aunque no por miedo a perder fondos, sino por fallos en los protocolos y falta de formación.
Las estadísticas indican que el 12,3% de los estudiantes sufren acoso, una cifra en aumento.
Si bien no parecen existir sistemas de puntuación estandarizados, la presión económica y reputacional podría desincentivar acciones. El problema de fondo, pero, reside en fallos del sistema: protocolos fragmentados y sin recursos suficientes.
