Leire Díez, investigada por presunto plan mediático — El documento interno prioriza grandes grupos como El Confidencial o Planeta. La llamada «fontanera del PSOE» ha sido citada a declarar el 11 de noviembre por el Juzgado 9.
Según publica El Confidencial, la Fiscalía Provincial de Madrid atribuye a Leire Díez un plan presuntamente coordinado para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, en una causa que instruye el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. La investigación mantiene citada a Díez como investigada el 11 de noviembre por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. La tesis fiscal señala que fue “determinante” que la investigada se presentara como cercana a “altas instancias del Estado”, extremo que el procedimiento deberá esclarecer.
Según un documento interno de siete páginas difundido el 23 de octubre, el grupo en torno a Díez estableció prioridades y acciones para “asaltar” o “bloquear” cabeceras de grandes conglomerados con el fin de condicionar coberturas y campañas contra operadores jurídicos. La pieza investiga el origen, alcance y finalidad de ese texto y su relación con los hechos.
La Fiscalía sostiene que Díez y terceros buscaron obtener información sensible y desacreditar investigaciones en curso, mientras el juzgado ha acordado diligencias y la citación de testigos. En autos recientes, el juez acepta acumular denuncias y tomar declaración a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda dentro de la línea que explora una actuación presuntamente “coordinada”.
Díez niega haber actuado por encargo del partido o del Gobierno y sostiene que hacía una “investigación” propia; ese extremo —si actuó o no en nombre de terceros— permanece no confirmado. Consta además que causó baja como militante meses atrás, contexto señalado públicamente esta semana por responsables autonómicos.
Entre los puntos a aclarar figuran la financiación del presunto entramado, la autenticidad y trazabilidad del documento interno citado y el eventual impacto en procesos abiertos. La declaración del 11 de noviembre y las demás diligencias previstas marcarán si los indicios de cohecho y tráfico de influencias se sostienen o decaen.
El procedimiento continúa en fase de instrucción. La verificación judicial de documentos, comunicaciones y testimonios en las próximas semanas será clave para confirmar o descartar la existencia de una red presuntamente orientada a condicionar coberturas mediáticas y a neutralizar pesquisas de UCO y Anticorrupción.
