El juez Manuel García Castellón, ya jubilado, acaba de publicar Habla, para que se conozca (Deusto, 2025), una obra en la que repasa su carrera judicial con especial atención a lo sucedido con Carles Puigdemont y los separatistas. García Castellón tiene claro que la ley de amnistía acordada por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes es «un golpe mortal para el Estado constitucional». Y asegura que no solo sirve para perdonar a los separatistas sino que obliga al Estado a pedirles perdón y «a asumir su propia responsabilidad».
«Supone reconocer que fue justo el procés e injusto el proceso que lo reprimió«, añade. Y asegura que «a los separatistas se les permite saltarse la ley, hasta que el poder judicial les obliga a cumplirla, momento en el que los poderes políticos les amnistían no por el interés general sino por siete míseros votos», según recoge El Nacional.
Reforma encubierta de la Constitución
García Castellón considera, además, que el apoyo del Tribunal Constitucional a esta amnistía podría legitimar, incluso, «tramitar una ley a favor de la esclavitud». Además, rechaza la forma en la que el TC se ha pronunciado al respecto: «El Constitucional ha modificado, en la práctica, mediante ciertas interpretaciones, el alcance de algunos preceptos de la Carta Magna, lo que equivale a una reforma encubierta sin pasar por las mayorías cualificadas que exige la Constitución».
El juez también critica en su libro cómo el Gobierno de Sánchez, para satisfacer a Junts, ha puesto en el punto de mira al poder judicial español. En este sentido, García Castellón considera «preocupante» que «desde las instituciones públicas se descalifique a aquellos jueces que se atreven a discrepar de determinados actos y se les acuse de prevaricación, lawfare o corrupción sin pruebas ni indicios«. Algo que, advierte, ha provocado que «los ciudadanos desconfíen de la Justicia». Esta desconfianza, además, «engendra en ellos el sentimiento de desamparo e indefensión» lo que es «un veneno que, una vez inoculado, facilita el auge del populismo y del extremismo, antesala de la tiranía».
Víctima de una operación de Estado
Sobre el ministro de Justicia, el socialista Félix Bolaños, García Castellón señala que ha demostrado «una manifiesta deslealtad» con los jueces. Y denuncia que se está dando una «ofensiva dolorosa, injusta e insólita» contra la Justicia y ante la que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar porque «no está dotado de medios eficaces para garantizar la independencia de los jueces y magistrados e impedir el deterioro de la imagen de la Justicia».
Manuel García Castellón, finalmente, denuncia en el libro que ha sido víctima de lo que define como la «operación de Estado más grande» en democracia para forzarle a cambiar de criterio sobre la imputación de Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en la causa contra Tsunami Democràtic.
