El Parlament ha acordado este miércoles el decreto del Govern cuyo fin es perdonar la deuda a los jóvenes extutelados por la Generalitat que cobraron diversas prestaciones indebidamente. Una propuesta contra la que han votado los diputados del PP, VOX y Aliança Catalana.
Sentencias y jurisprudencia
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, ha explicado que estos pagos indebidos tienen su origen en que estos jóvenes no comunicaron a la Administración que habían comenzado a trabajar. «El 85% de los pagos indebidos en la prestación de los extutelados se da porque los jóvenes comienzan a trabajar», ha asegurado, «es lo que han de hacer, comenzar a trabajar. Y la Administración pública dispone de datos que indican que estos jóvenes han comenzado a trabajar. Si la Administración catalana no había hecho las interoperatibilidades con datos de la Seguridad Social, puede ser que quizás ahí estuviera el problema».
Martínez también ha indicado que «hay jurisprudencia que dice que el ciudadano no tiene que aportar estos datos«. Y ha añadido que también hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, en base al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual «reclamar estos pagos indebidos es desproporcionado y, muchas veces, si el ciudadano lleva a la Administración a los tribunales, gana judicialmente». La consellera, además, ha asegurado que esta condonación es «totalmente compatible» con el perdón de las deudas de la Renta Garantizada
