El anuncio del Gobierno de «estudiar una subida salarial para los funcionarios hasta 2028» ha encendido los ánimos de la ciudadanía. Mientras los empleados públicos vislumbran incrementos retributivos a medio plazo, el resto de la población siente que sigue estancada en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, presión fiscal creciente y sueldos que apenas mejoran.
🔴 ÚLTIMA HORA | El Gobierno plantea una subida salarial a los funcionarios hasta 2028 que garantice el poder adquisitivo https://t.co/1BnLbCxrQn pic.twitter.com/Mmm4EYcOHR
— EL PAÍS (@el_pais) November 5, 2025
El Ministerio de Función Pública ha puesto sobre la mesa una propuesta para el periodo 2026-2028 que incluye una parte fija y otra variable de subida salarial, con la intención de «evitar que los trabajadores públicos sigan perdiendo poder adquisitivo». Lo que no se ha hecho, de momento, es definir porcentajes concretos ni detallar cómo se complementarán estas dos partes. Además, 2025 sigue siendo un año sin subida garantizada. Los sindicatos ya han advertido que podrían plantear movilizaciones y hasta huelgas si no se avanza en este sentido.
Subir salarios públicos hasta 2028 “para garantizar poder adquisitivo” suena bien… si ignoramos quién lo paga. Más gasto sin reformas = más impuestos, más deuda o inflación. ¿Y los trabajadores del sector privado? Equidad de verdad, no privilegios sectoriales.
— Económika (@economikaes) November 5, 2025
Vayamos más allá, ¿qué supone esto?
— Ismael Portales Molina (@ismaelportalesm) November 5, 2025
La subida salarial a los empleados públicos se lleva a cabo a costa de un incremento del gasto público (= mayor déficit público), aumentando así la ya desorbitada deuda de España.
Se están cargando el país y lo estamos permitiendo.
La pregunta que se hacen millones de ciudadanos es clara: ¿y qué pasa con los demás? El salario real se ha estancado –e incluso reducido– en los últimos años para gran parte de la población. Y, sin embargo, la recaudación por IRPF ha aumentado de manera significativa, gracias a la progresividad en frío.
España tiene una de las cargas fiscales sobre el trabajo más altas entre las economías comparables: en torno al 40 % del coste laboral total del trabajador corresponde a impuestos y cotizaciones. Mientras tanto, la productividad está prácticamente estancada y la economía crece solo en volumen bruto, pero no brindaninguna mejora en el poder adquisitivo ni las cotas de bienestar -que, de hecho, están en caída libre-.
La sensación de agravio es clara. Funcionarios con un horizonte de mejora salarial y protección pública; trabajadores del sector privado o autónomos asfixiados por una inflación persistente, un IRPF no ajustado y una productividad que no se traduce en mejores sueldos. Los salarios reales han crecido tan solo un 2,7 % en tres décadas.
