Sumar dobla la apuesta en su cruzada por intervenir el mercado de la vivienda. Yolanda Díaz ha presentado en el Congreso una propuesta que aboga por la expropiación de inmuebles en manos de bancos y fondos de inversión para destinarlos al alquiler social. La medida, formulada como una Proposición No de Ley, apunta a las viviendas vacías, en desuso o amenazadas por desahucio. Pero su alcance, en la práctica, podría ser mayor.
Bajo la premisa de “garantizar el derecho a una vivienda digna”, Sumar plantea que el Estado tome posesión de estos activos para incorporarlos a un parque público de alquiler “asequible” -donde el precio no supere el 30 % de los ingresos de los inquilinos-. Un terremoto jurídico cuyas consecuencias van mucho más allá de su objetivo inicial.
La iniciativa no aclara si podría afectar también a viviendas actualmente ocupadas de manera ilegal: sectores dentro de Sumar no lo descartan. Basta recordar que Díaz ha justificado en otras ocasiones la “función social” de la ocupación en casos de extrema vulnerabilidad, lo que alimenta las sospechas de que esta medida podría usarse como una vía de regularización forzosa.
La seguridad jurídica pasaría a brillar por su ausencia, convirtiendo el mercado en una inversión muy poco atractiva para generar nuevo parque de vivienda. No es para menos: que el Estado pueda expropiar propiedades privadas a discreción para un fin social -por más noble que suene- abre un precedente, al menos, inquietante. Incluso dentro del PSOE, socio de gobierno de Sumar, hay incomodidad. La medida no solo choca de frente con el derecho a la propiedad privada, sino que amenaza con desatar una desconfianza inversora que España no puede permitirse.
