Perú investiga presunta estafa que salpica a Andrés Iniesta — La Fiscalía abre diligencias preliminares tras denuncias por 600.000 dólares y por eventos anunciados que no se realizaron.
La Fiscalía de Perú ha abierto diligencias preliminares que presuntamente vinculan a Andrés Iniesta y a su marca Never Say Never (NSN) con un caso de estafa agravada. La investigación parte de denuncias de empresarios locales que cifran en torno a 600.000 dólares el perjuicio económico por una serie de eventos deportivos y culturales anunciados y no realizados, presuntamente promovidos por NSN Barcelona y su filial NSN Sudamérica. ElNacional y otros medios señalan que el expediente se apoya en documentación del Ministerio Público peruano.
Según esas denuncias, presuntamente se habría utilizado la reputación de Iniesta para captar inversión privada destinada a espectáculos como Upa Upa Fest, un amistoso entre Cienciano y Nacional de Quito, un K-Pop Music Fest y un partido de leyendas Perú-España. Solo el Upa Upa Fest llegó a celebrarse y registró pérdidas, mientras que el resto no se realizó, de acuerdo con los resúmenes del caso.
La sociedad Gucho Entertainment S.A.C. figura entre las denunciantes. La cifra total “superior a 600.000 dólares” es coincidente en las distintas coberturas revisadas, aunque el número de expediente fiscal y el detalle de la fiscalía instructora no constan publicados oficialmente y, por tanto, siguen no confirmados. Todo el procedimiento está, presuntamente, en fase preliminar y bajo la presunción de inocencia.
Otro dato relevante es la situación mercantil de la filial regional. NSN Sudamérica habría sido declarada en quiebra en junio de 2024 y habría entrado en liquidación, extremo que presuntamente figura en la documentación reseñada por las informaciones consultadas. Este contexto ayuda a explicar por qué se habrían cancelado varios de los eventos anunciados.
En síntesis, hoy solo se conoce que existen diligencias fiscales presuntamente abiertas, que el importe en disputa ronda los 600.000 dólares y que no hay resolución judicial. Cualquier responsabilidad penal o civil deberá dirimirse tras la práctica de diligencias y, llegado el caso, ante un juez.
Este asunto permanece en investigación. La evolución dependerá de nuevas actuaciones del Ministerio Público del Perú y de eventuales respuestas de las partes concernidas.
Hasta que exista una resolución firme, todas las referencias a hechos y responsabilidades deben tratarse como presuntas y en verificación.
