La caída del sistema de pulseras activa el protocolo y genera dudas — el Gobierno atribuye a una sobrecarga y afirma que la protección se mantuvo.
El sistema estatal que controla por vía telemática las órdenes de alejamiento en violencia de género sufrió ayer una caída y obligó a activar un protocolo de alerta dirigido a víctimas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El aviso se atribuyó a una sobrecarga en un enrutador que distribuye alertas por tipo de incidencia y se comunicó que el servicio estaba en fase de recuperación, con notificaciones a las usuarias afectadas y seguimiento desde la sala de control.
ACTUALITZACIÓ | La ministra Redondo assegura que l'errada en les polseres antimaltractament no ha deixat desprotegida cap víctima de violència de génere o sexual
— À Punt NTC (@apuntnoticies) November 11, 2025
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¿Qué es el sistema de control telemático?
Se trata del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, operativo 24/7, que supervisa por GPS el cumplimiento de prohibiciones de aproximación con pulseras para agresores y terminales para víctimas. El centro establece geovallas, registra posiciones y lanza avisos si se vulneran distancias o si se pulsa una alerta, con coordinación con juzgados, fiscalías y policías conforme a protocolos públicos.
Qué ha pasado ahora
La sobrecarga afectó al reparto de determinadas alertas y obligó a priorizar canales críticos de respuesta. Según la información difundida a lo largo de la tarde, aproximadamente un 10% de mensajes estaba generando incidencias recurrentes que saturaban el componente afectado, mientras que las llamadas de emergencia y las alertas por proximidad se mantuvieron operativas. El número exacto de usuarias potencialmente afectadas no ha sido precisado públicamente y permanece no confirmado.
Qué falta por aclarar
Quedan pendientes el parte técnico con la causa raíz, el alcance exacto de la degradación y el calendario de medidas de no repetición. Falta publicar los indicadores de disponibilidad, los tiempos de respuesta y las auditorías de capacidad, que ayudarían a sostener la confianza pública y el valor probatorio de los registros telemáticos.
La prioridad inmediata es certificar la estabilidad del servicio, comunicar de forma proactiva con las usuarias y reforzar la redundancia en los puntos críticos de la red.
