Por Maite Agredano, delegada sindical de Co.bas Madrid
Tras varias semanas de inactividad legislativa en torno a la futura Ley de Función Pública, dicha norma ha vuelto al centro del debate político y mediático. El motivo ha sido el anuncio de Junts per Catalunya de no apoyar en el Congreso ninguna iniciativa legislativa que no haya sido previamente pactada por escrito con el Gobierno, lo que ha supuesto un bloqueo en la tramitación de múltiples leyes.
Entre las excepciones a este veto figura precisamente la Ley de Función Pública, para la cual sí se habría alcanzado un acuerdo formal. Aunque la mayoría de los medios han puesto el foco en dos aspectos impulsados por Junts —la elección de secretarios municipales por territorios y el derecho a ser atendido en catalán por la Administración General del Estado— conviene destacar un tercer elemento que ha pasado más desapercibido: la enmienda presentada por los sindicatos Co.bas y Solidaridad Obrera. Esta propuesta plantea una solución definitiva al problema de la temporalidad en la Administración, sin coste económico para el Estado y con la posibilidad de readmisión del personal cesado.
Pese a ello, es necesario mantener la prudencia y evitar lecturas triunfalistas. Como es bien sabido, la formación heredera de la antigua Convergència i Unió ha ejercido históricamente un papel de bisagra parlamentaria, orientando su apoyo a la gobernabilidad del Estado en función de intereses estratégicos vinculados a la agenda autonómica catalana.
La formación heredera de la antigua Convergència i Unió ha ejercido históricamente un papel de bisagra parlamentaria
La trayectoria de Junts y su antecesora política evidencia una pauta clara: el respaldo a gobiernos estatales ha estado condicionado a concesiones en materia competencial, financiera o simbólica. Durante el primer gobierno de Felipe González, se logró el despliegue de los Mossos d’Esquadra y una financiación extraordinaria para competencias autonómicas. Posteriormente, en 1993, se acordó la cesión del 15 % del IRPF recaudado en Cataluña a la Generalitat, así como avances en la oficialidad del catalán en el ámbito europeo y la protección del modelo lingüístico catalán.
Más adelante, en 1996, Junts —entonces como CiU— facilitó la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno a cambio de importantes concesiones: el traspaso de las competencias de tráfico a los Mossos d’Esquadra; la transferencia de las políticas activas de empleo y de la formación profesional; el incremento del porcentaje de participación autonómica en el IRPF hasta aproximadamente el 30 %; la eliminación del servicio militar obligatorio; la supresión de la figura del gobernador civil en las provincias; y el reconocimiento explícito del “hecho diferencial” catalán, incluyendo el compromiso de respetar la unidad del catalán entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, se promovieron relevos políticos que facilitaran un clima más favorable al catalanismo, como el relevo de Alejo Vidal-Quadras por Josep Piqué al frente del PP catalán.
A la luz de este historial de pactos, no es descartable que la reciente maniobra de Junts responda a una estrategia orientada a reforzar su perfil político ante su electorado. El bloqueo selectivo de iniciativas legislativas, acompañado de exigencias simbólicas de carácter identitario y autonómico, se presenta como una forma de mostrar firmeza ante el Gobierno central. Tanto el PSOE como Junts se necesitan mutuamente: el partido en el Gobierno requiere los votos de la formación catalana para garantizar su gobernabilidad, y Junts necesita obtener réditos políticos que justifiquen su apoyo ante su base electoral.
No es descartable que la reciente maniobra de Junts responda a una estrategia orientada a reforzar su perfil político ante su electorado
Aunque en el pasado la burguesía catalana logró significativos avances en materia autonómica incluso con gobiernos del Partido Popular, en el actual contexto político esas concesiones serían difícilmente viables. Una eventual alianza de gobierno entre PP y Vox establecería un marco incompatible con demandas de carácter soberanista, debido al veto ideológico infranqueable de la extrema derecha, a pesar de que en lo económico y social ambas formaciones puedan coincidir. En este contexto, Junts busca presentarse como un actor útil, eficaz y determinante en la política estatal, con el objetivo de frenar la fuga de votos hacia opciones más radicales del espectro nacionalista, como Aliança Catalana, que está experimentando un ascenso preocupante según las encuestas.
A fecha de hoy, la agenda parlamentaria sigue paralizada en lo que respecta a la tramitación de la Ley de Función Pública y no hay reuniones ni ponencias agendadas. Solo cabe esperar que, en este tradicional juego de mercado político entre acuerdos y concesiones, el futuro de miles de trabajadores y trabajadoras temporales del sector público no se convierta en moneda de cambio. Muchas familias dependen de la estabilidad laboral de estos empleados para no caer en situaciones de vulnerabilidad, y el sostenimiento de los servicios públicos está directamente vinculado a contar con una plantilla profesional, cualificada y estable.
Por todo ello, es urgente que el debate legislativo recupere el foco en lo verdaderamente importante: poner fin a décadas de precariedad en el empleo público y avanzar hacia una función pública profesional, estable y conforme tanto al marco constitucional como a la normativa europea. La lucha contra el abuso de la temporalidad no puede supeditarse a cálculos partidistas ni a disputas territoriales: es una cuestión de justicia laboral, de cumplimiento del Derecho de la Unión Europea y de garantía en la calidad de los servicios públicos.
