La Comisión Europea advierte, España enfrenta un “nivel desproporcionado” de llegadas migratorias que añade una nueva capa de complejidad al debate interno sobre la inmigración y sus implicaciones sociales. Bruselas ha incluido a nuestro Estado entre los miembros con mayor presión —junto a Italia, Grecia y Chipre— dentro del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. El informe reconoce que el volumen de entradas irregulares, especialmente por la ruta atlántica hacia Canarias, “no es sostenible” y propone un mecanismo de solidaridad para redistribuir al menos 30.000 migrantes al año entre los socios europeos. Algo es algo.
Esta constatación llega en pleno clima de tensión política y social por el crecimiento de la población de origen extranjero. Los datos oficiales cifran en un 11,7 % la población extranjera en España, aunque en ciudades como Barcelona o Madrid las proporciones alcanzan el 22 % y el 16 %, respectivamente. Sin embargo, existe una brecha entre las estadísticas y la «percepción» -más bien realidad- ciudadana: La naturalización masiva —es decir, el paso de inmigrantes a ciudadanos españoles— ha diluido las cifras reales de población nacida fuera del país, generando la sensación de que las estadísticas no reflejan el impacto demográfico actual.
El cruce entre ambas realidades —la presión migratoria reconocida por Europa y la percepción social de una presencia creciente— llena de razón el sentir popular. Las instituciones europeas reclaman solidaridad y un reparto equitativo de responsabilidades, pero la falta de datos actualizados y la confusión entre nacionalidad y origen dificultan un debate sereno, pendulando entre la empatía humanitaria y el temor a la pérdida de cohesión social.
En concreto, la Comisión Europea propone un nuevo mecanismo destinado a aliviar la presión que soportan los países fronterizos. Este sistema permitirá reubicar al menos 30.000 migrantes al año entre los Estados miembros, de modo que la carga no recaiga solo en los países de entrada. Los Estados que no deseen acoger personas podrán contribuir con una compensación económica de 20.000 euros por cada traslado rechazado o aportar apoyo logístico y operativo. El objetivo, según Bruselas, es equilibrar la solidaridad con la responsabilidad.
