La opinión del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, sobre la Ley de Amnistía abre un escenario aun por determinar en el que Gobierno y oposición han querido ver lecturas opuestas. Más allá del ruido político, el dictamen dibuja un panorama matizado: la amnistía supera en lo esencial el filtro europeo, aunque deja tres advertencias relevantes que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá resolver en sentencia, previsiblemente a comienzos de 2026.
Spielmann avala que los Estados puedan aprobar una amnistía y no cuestiona los pilares de la norma aprobada en España. Sin embargo, fija con claridad los límites que impone el Derecho de la Unión, especialmente los derivados de los artículos 2 y 19 del Tratado de la UE y del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, referentes a la independencia judicial y a la tutela judicial efectiva. Es en este terreno donde señala posibles incompatibilidades.
Las tres objeciones que formula son concretas y bastante más claras de lo que la déria mediática ha dado a entender. Uno; el plazo de dos meses para aplicar la amnistía, que podría interferir en la independencia judicial. Dos; la limitación del derecho de audiencia, que obligaría a algunos afectados a pronunciarse en un marco procesal reducido. Tres; la obligación de levantar cautelares o absolver aun con una prejudicial en curso, lo que según Spielmann podría vaciar de contenido el mecanismo europeo.
Aun así, el dictamen, hablando en plata, es un espaldarazo general a la ley, aunque con deberes pendientes. El partido no ha terminado: el Tribunal Supremo, que no fue quien elevó las cuestiones prejudiciales iniciales, puede presentar nuevas preguntas, afinando aspectos como la incidencia de la amnistía en la malversación o la eventual naturaleza “partidista” de una medida vinculada a una investidura. Spielmann no entra en ese punto porque no formaba parte de las preguntas del Tribunal de Cuentas, pero una cuestión directa del Supremo obligaría al TJUE a pronunciarse. Este punto es muy delicado y puede alterar la balanza, puesto que se entra en cuestiones de separación de poderes.
El precedente existe: en 2024, el TJUE se apartó del abogado general en el caso de la acreditación de Puigdemont.
Álex Ramos, presidente de SCC:
— Societat Civil Catalana (@Societatcc) November 13, 2025
"Queda mucho partido por jugar. Si el TJUE refrenda en la sentencia el criterio de su abogado general, el caso sobre la malversación cometida por los líderes del procés volverá al Tribunal de Cuentas".
Nota informativa: https://t.co/nKpIVOiA8p pic.twitter.com/UxqDbvBFJO
Avui, l'advocat general del @EUCourtPress ha deixat en evidència la indecent estratègia de la dilació i la manipulació amb la intenció de bloquejar l'aplicació de la llei d'amnistia en la seva totalitat, i a tothom: des dels acusats falsament de terroristes als acusats –i en…
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 13, 2025
Esta ambivalencia ha dejado reacciones parecidas en ambos lados del debate. Quiénes se oponen a la amnistía toman el golpe pero siguen confiando en un resultado final que acabe por decantarse a su favor. «Aún hay partido». Los defensores de la medida, por su parte, responden con un igual optimismo, algo más eufóticos por anotar el primer tanto pero con prudencia para no vender la piel del oso antes de cazarlo.
