La UCO entra en Acciona mientras el PSOE mira hacia otro lado — La Guardia Civil rastrea presuntas mordidas en obras públicas bajo secreto.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado este viernes en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao para practicar registros ordenados por el Tribunal Supremo. El objetivo es recabar nueva documentación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021).
La diligencia forma parte de una pieza separada y bajo secreto del llamado caso Koldo o caso Ábalos, donde están siendo investigados, entre otros, el propio Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el exasesor Koldo García por distintos delitos de corrupción.
Según informes de la UCO, Acciona aparece como la principal empresa beneficiaria del presunto circuito de comisiones vinculado a obras de Adif y de la Dirección General de Carreteras, mientras Santos Cerdán sigue en prisión provisional.
Además de las oficinas de Acciona, los agentes han acudido a las sedes de las cooperativas Noran y Erkolan, presuntamente vinculadas a la empresa navarra Servinabar 2000, señalada por la UCO como epicentro de la trama de amaño de contratos. Entre 2016 y 2024, Servinabar habría transferido más de 650.000 euros a Noran y unos 258.000 euros a Erkolan, ambas relacionadas con el entorno de Cerdán.
Qué se investiga exactamente
El juez Leopoldo Puente abrió en septiembre una pieza específica sobre las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obra pública. El Supremo distingue dos grandes bloques de conductas:
- Presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, donde Acciona figura como beneficiaria principal en varias UTE con empresas de menor tamaño.
- Presuntas mordidas ligadas a contratos de mascarillas durante la pandemia;
En esta segunda pieza, aún en fase “incipiente”, figuran como investigados Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y varios empresarios del sector. El Supremo habla de “adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas” a cambio de precio, encajables en delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sin sentencia firme alguna.
El procedimiento sigue bajo secreto, por lo que ninguna de estas hipótesis ha sido todavía contrastada en juicio oral ni avalada por sentencia firme.
Acciona, Servinabar y el mapa de contratos públicos
Acciona había entregado ya cinco expedientes de obras bajo sospecha, después de que la UCO señalara nueve licitaciones de Transportes con indicios de amaño, cinco de ellas adjudicadas a la compañía en UTE con otras empresas.
En paralelo, el Gobierno de Navarra adjudicó desde 2017 al menos 83 millones de euros en cinco contratos a la alianza Acciona–Servinabar 2000, entre ellos el Navarra Arena, un colegio público en Arbizu, la mina Muga y el desdoblamiento del túnel de Belate.
La Cámara de Comptos navarra ha avalado la legalidad de cuatro de las cinco obras examinadas; el túnel de Belate quedó fuera de ese informe por haber sido fiscalizado antes y tiene su propia controversia.
Servinabar 2000 niega que Santos Cerdán haya tenido participación societaria pese a que la UCO localizó un documento que le atribuiría el 45 % de las acciones. La empresa afirma que no existe escritura que lo respalde y defiende la legalidad de todos sus contratos.
Acciona, que comunicó a la CNMV su “total desconocimiento, sorpresa y preocupación” por los hechos, anunció una investigación interna y ha ido apartando a directivos citados en los informes policiales, incluido el responsable de Construcción en España, además de ir rompiendo lazos con Servinabar.
Peso judicial y coste político para el PSOE
El caso ha alcanzado de lleno al núcleo del poder socialista. El Tribunal Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por indicios de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y por riesgo de destrucción de pruebas.
Según autos y documentos de la UCO, Cerdán habría actuado presuntamente como pieza central en la gestión de comisiones, presentando a Koldo García y Ábalos a empresarios, abriendo puertas en el Ministerio y supervisando adjudicaciones que favorecerían a determinadas constructoras. El juez habla, siempre en términos indiciarios, de un posible “botín” de alrededor de cinco millones de euros en comisiones.
Mientras tanto, la dirección del PSOE intenta acotar el escándalo a “manzanas podridas”, aunque la acumulación de piezas –mascarillas, obra pública, cooperativas y ahora registros en una empresa del Ibex 35– alimenta la idea de una corrupción más estructural.
Las redes ya se han hecho eco:
El analista @capTercio recuerda que la UCO irrumpe en Acciona cinco meses después de que la constructora fuera señalada en un informe sobre Cerdán.
@josepramonbosch contrapone el registro a Acciona con las palabras de Pedro Sánchez elogiando a Cerdán como “gran secretario de organización”.
El periodista @pabloharour ironiza sobre el desfase temporal entre los informes y los registros.
En los próximos meses, el juez Puente deberá aclarar tres puntos clave:
- si existió realmente un pacto estable entre cargos del PSOE y directivos de constructoras para amañar contratos;
- si Acciona y otras empresas fueron simples herramientas de algunos directivos o beneficiarias conscientes de un esquema de comisiones;
- y si el circuito de dinero alcanzó estructuras de financiación política o se limitó a enriquecimientos personales.
Hasta que no haya juicio y sentencia firme, todos los implicados mantienen su derecho a la presunción de inocencia. Pero, con nuevas entradas de la UCO en sedes corporativas y un ex número tres del PSOE en prisión provisional, el caso Ábalos/Cerdán deja de ser un episodio incómodo para convertirse en un test de credibilidad institucional para el Gobierno y para las grandes contratistas públicas.
