Cataluña ha batido récord demográfico mientras consolida un modelo que depende cada vez más de la inmigración y cada vez menos de sus propios nacimientos. El territorio supera ya los 8,1 millones de habitantes y algo más de una de cada cuatro personas ha nacido en el extranjero, con un peso que roza la mitad en la franja clave de 25 a 39 años. Al mismo tiempo, la tasa bruta de natalidad ha caído a unos 6,7 nacimientos por mil habitantes y Cataluña encabeza la tasa de abortos del país, con cerca de 15 interrupciones por cada mil mujeres en edad fértil.
El contraste con Madrid es claro. Con los últimos datos disponibles, el PIB per cápita fue de unos 44.755 euros en la Comunidad de Madrid frente a 37.426 en Cataluña, una brecha de más de 7.000 euros por habitante que se agranda pese al récord de población catalana. El crecimiento demográfico catalán se apoya sobre todo en nuevos residentes que llenan sectores de salarios modestos, mientras la economía madrileña capta inversión, sedes empresariales y renta alta.
En la vivienda, la ecuación es igual de elocuente: mucha demanda, poca oferta y un intervencionismo que desanima a quien quiere construir o alquilar. Barcelona supera ya los 5.000 euros por metro cuadrado de media en la vivienda usada y Cataluña se aproxima a los 2.700, con subidas cercanas al 10% interanual en la capital y en torno al 9% en el conjunto del territorio. A esta presión se suma que alrededor del 19% de las compraventas de vivienda en Cataluña y cerca del 24% en la provincia de Girona corresponden a compradores extranjeros, en un mercado nacional donde la demanda foránea supone alrededor del 15% de las operaciones.
En paralelo, en redes circulan mensajes que hablan de “800.000 nuevos residentes en tres años” como explicación única de la crisis de vivienda, una cifra no confirmada por las estadísticas oficiales. Solo en 2023 unas 318.000 personas fijaron su residencia en Cataluña y cerca del 87% habían nacido en el extranjero, pero la acumulación exacta a tres años depende del saldo migratorio neto, no solo de las altas. La relación entre inmigración masiva, vivienda cara y servicios tensionados existe, pero se ve agravada por decisiones políticas concretas: restricciones urbanísticas, inseguridad jurídica, trabas a la promoción y ausencia de una política fiscal pro-familia y pro-ahorro.
@MagiHildebrandt — “Hi ha gent que genuïnament creu que importar 1 milió d’immigrants en tres anys no té cap mena d’impacte en el preu de l’habitatge…” (2025).
@desperteu_vos — “Per què existeix la crisi de l’habitatge a Catalunya? Perquè han arribat gairebé 800.000 persones al nostre país en els darrers 3 anys…” (2025, cifra no confirmada por datos oficiales).
@JuanLuis_JG — el economista compartió un gráfico sobre políticas de ayuda a la entrada de vivienda y su efecto en precios, recordando el precedente británico: “Gobierno catalán anuncia préstamos a jóvenes para pagar la entrada de su primera vivienda… Aumentaron un 8% los precios y no subió la oferta”.
El modelo actual combina tres ingredientes explosivos: envejecimiento acelerado, natalidad en mínimos y una inmigración en gran medida de baja cualificación que se utiliza como sustituto barato de reformas serias. Mientras Madrid compite bajando impuestos y atrayendo inversión, Cataluña responde con más controles, más dependencia de transferencias y más presión sobre quienes producen y ahorran. Si Cataluña sigue confiando su futuro a la inmigración barata y a la regulación cara, la factura la pagarán, de nuevo, los jóvenes catalanes. Un giro liberal —basado en bajar impuestos a familias y propietarios, liberar suelo, acelerar licencias y priorizar inmigración cualificada— no resolvería todo de un día para otro, pero al menos dejaría de castigar a quien quiere trabajar, invertir y tener hijos en casa.
