El Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias por competencia desleal en el mercado publicitario. El fallo concluye que, entre mayo de 2018 y julio de 2023, la compañía utilizó datos personales para publicidad comportamental sin una base jurídica válida, vulnerando el RGPD y la Ley de Competencia Desleal. Con intereses y otras partidas, la factura judicial asciende a en torno a 542 millones.
La sentencia subraya que Meta obtuvo una “ventaja competitiva significativa” al explotar masivamente esos datos frente a medios y soportes que sí debían respetar las restricciones europeas. Se estima que, en ese periodo, el negocio publicitario asociado generó beneficios por encima de los 5.300 millones de euros, lo que convierte la indemnización en una fracción del pastel, pero en un precedente potente para futuras demandas en otros países de la UE.
Sobre el papel, el fallo encaja con la ofensiva regulatoria europea: el RGPD y la Digital Markets Act buscan precisamente limitar el poder de los grandes “gatekeepers” digitales y frenar abusos en publicidad y uso de datos, con multas que ya han alcanzado a Apple y a la propia Meta en otros frentes. Pero el instrumento elegido aquí no es una sanción administrativa proporcionada, sino una gigantesca transferencia de recursos desde una plataforma global a un grupo acotado de demandantes nacionales.
Para los grandes grupos integrados en asociaciones sectoriales, el fallo es un balón de oxígeno en plena crisis del modelo de financiación de la prensa: caída de la publicidad tradicional, suscripciones que avanzan despacio y elevada dependencia de la publicidad institucional. Para medios pequeños, proyectos locales o iniciativas nativas digitales que no estaban en la demanda, la foto es menos amable: se enfrentan ahora a competidores con cientos de millones extra en caja y más capacidad para acaparar audiencia, talento y anuncios. El riesgo evidente es consolidar un oligopolio mediático protegido por regulación y tribunales.
Además, este caso se suma a una deriva preocupante: la batalla por controlar datos, algoritmos y discurso público se libra tanto en las grandes plataformas como en las nuevas IA generativas, donde la censura y el sesgo ideológico ya son motivo de alarma. Si cada desajuste del mercado digital se resuelve con un macropleito y una macroindemnización a los incumbentes, el incentivo será litigar y buscar rentas, no innovar ni competir. La factura, al final, se traslada al anunciante y, en último término, al consumidor, vía precios más altos y menos diversidad de voces.
Desde una mirada liberal, proteger la propiedad de los datos personales y el Estado de derecho es irrenunciable, pero hacerlo a golpe de indemnizaciones gigantes que refuerzan a los de siempre es un mal negocio. La alternativa pasa por reglas claras y estables sobre datos y competencia, límites estrictos al uso abusivo de información personal, más competencia efectiva vía portabilidad de datos y apertura de mercados, y menos ingeniería judicial pensada para blindar modelos de negocio concretos.
Las redes han reaccionado mezclando euforia punitiva contra Meta y dudas sobre el efecto real de la sentencia:
El usuario de X @xSergioMaster1 — “Ojalá meta se vaya de españa…”
El usuario de X @bajoelbillete — “Mira que odio a Meta, pero no entiendo nada de esto…”
La paradoja es clara: en nombre de corregir el desequilibrio entre plataformas y prensa, se está creando un sistema donde los grandes medios viven de una mezcla de ayudas públicas, regulación a medida y megacondenas a Big Tech, mientras los pequeños quedan fuera del reparto. Más Estado, más litigio, menos mercado.
Un enfoque liberal exigiría castigar el uso ilícito de datos, sí, pero evitando convertir los tribunales en una máquina de fabricar rentas para oligopolios mediáticos. Menos indemnización gigante y más competencia abierta, con reglas de datos exigentes, instituciones fuertes y un ecosistema donde la mejor información gane por calidad, no por protección política o judicial. Si el árbitro se convierte en financiador, el partido deja de ser realmente libre.
