El Tribunal Supremo ha dictado este jueves la primera condena penal en democracia contra un fiscal general del Estado en activo. Álvaro García Ortiz ha sido sentenciado a dos años de inhabilitación especial para el cargo y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos, además de obligarle a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. La decisión, adoptada por mayoría de 5 a 2, supone su cese inmediato.
El fallo ha provocado una reacción sísmica en la opinión pública y en el espectro político, que interpreta la sentencia como la confirmación o el cuestionamiento definitivo del Estado de derecho, eso ya depende del bando.
En rojo países del mundo donde el Fiscal General del Estado es un delincuente condenado pic.twitter.com/2yuieiM3N3
— DocHollyday7 (@DHollyday7) November 20, 2025
Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 20, 2025
Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al…
La derecha y una parte sustancial del centro celebra efusivamente el fallo como una «victoria histórica de la justicia independiente». El mensaje para este grupo es claro: el Supremo ha acreditado que García Ortiz utilizó su cargo para dañar la imagen de la pareja de Ayuso al filtrar datos reservados de una investigación fiscal en pleno proceso de negociación. La condena llega después de un juicio con 40 testigos y el alto tribunal ha rechazado la versión del fiscal general, que siempre defendió que actuó con «transparencia» y en defensa del «interés público».
El Tribunal Supremo celebra el 20-N condenando al fiscal general del Estado, García Ortiz. Ya está en marcha la absolución de Alberto Quirón. El antiguo Tribunal de Orden Público nunca dejó de funcionar. El franquismo es una patología endémica en el cuerpo judicial. pic.twitter.com/yf7qSxn3XX
— Rafael_Narbona (@Rafael_Narbona) November 20, 2025
En el bloque progresista la respuesta es de indignación. Sánchez aún no se ha pronunciado. Se habla de «sentencia política» y de «venganza judicial». Su opinión es clara: insisten en que la filtración se limitó a desmentir informaciones falsas publicadas por algunos medios y que la condena «debilita la autonomía del Ministerio Público frente a los poderes fácticos».
La polarización es total. Mientras unos ven el fin de la «impunidad del Gobierno», otros advierten del «riesgo democrático». La celebración se mezcla con el desasosiego a la espera de la materialización de consecuencias firmes en el terreno político.
