El Senado ha dado luz verde a la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular para modificar el Código Penal y permitir que los propietarios corten la luz, el agua y el gas en viviendas ocupadas ilegalmente sin incurrir en delito de coacciones. La iniciativa añade un párrafo al artículo 172.1 que establece que “la interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones”. La votación fue de 153 votos a favor, 102 en contra y 5 abstenciones, y ahora el texto pasa al Congreso de los Diputados.
El PP se apoya en un acuerdo de la Audiencia Provincial de Barcelona de marzo de 2025, que ya unificó criterio en ese sentido para la provincia: el titular de una finca no tiene obligación de mantener los suministros a nombre de quien ocupa ilegalmente la vivienda. La idea es extender ese criterio a todo el territorio y dar seguridad jurídica a propietarios y jueces. En la exposición de motivos se citan datos del Ministerio del Interior: en 2024 se registraron en torno a 16.400 denuncias por usurpación y allanamiento de morada, un 7,4% más que en 2023, aunque otras series oficiales muestran una ligera caída acumulada de “ocupaciones de inmuebles” desde 2021, con aumento de los allanamientos en viviendas habituales.
Para los defensores de la reforma, cortar suministros es una herramienta defensiva frente a un Estado que tarda meses o años en devolver la vivienda a su dueño. El PP insiste en que la okupación es una “agresión ilegítima” a la propiedad privada y que muchos pequeños ahorradores siguen pagando recibos, comunidad e impuestos de pisos que no pueden usar. El mensaje político es claro: frente a un Gobierno que llegó a calificar la okupación de “bulo”, la oposición quiere que “entre la seguridad y salga el miedo” de las comunidades de vecinos.
Los críticos alertan de que se traslada un poder de coacción que hasta ahora estaba en manos del juez y de las fuerzas de seguridad al propietario individual. Juristas recuerdan que hoy cortar la luz o el agua para forzar la salida de alguien se entiende como coacción, y que la reforma exige distinguir con precisión entre usurpación, allanamiento de morada y conflictos de alquiler o impago de renta, donde el ocupante sí tiene título previo. El riesgo es que, en un país con miles de hogares vulnerables, se use la etiqueta “okupa” para atajar por la vía rápida problemas que deberían resolverse en un juzgado o en la política de vivienda, no con el contador.
Desde una óptica liberal, la reforma acierta al reforzar la seguridad jurídica del propietario y corregir una anomalía: era el dueño quien pagaba la factura de quien había entrado sin permiso mientras se le amenazaba con un procedimiento penal si cerraba el grifo. Pero si el Estado se limita a habilitar el corte de suministros y no agiliza los desalojos rápidos, no persigue a las mafias de la okupación y no sanea el mercado de alquiler, corre el riesgo de lavarse las manos y empujar a los ciudadanos a gestionar por sí solos un conflicto que debe resolverse dentro del Estado de derecho. Menos impunidad para la okupación, sí, pero también menos Estado ausente y más justicia que funcione a tiempo.
Las redes han aplaudido la iniciativa como un giro de sentido común frente a la okupación:
@anamoralesPP — “El PP en el Senado aprobará cambiar el Código Penal para que sea legal cortar los suministros a los okupas. Lo que hace la mayoría del…”
@jaliroller — “El PP promueve una ley para que no sea delito cortar los suministros a los okupas”
@JavierDeAndres_ — “El PP en el Senado aprobará cambiar el Código Penal para que sea legal cortar los suministros a los okupas”
El movimiento del Senado refleja una realidad incómoda: ante un Estado lento y leyes pensadas más para el okupa profesional que para el pequeño propietario, la tentación es privatizar la presión, dejando al dueño la tarea de forzar la salida cortando luz y agua. Es el síntoma de un sistema que ha normalizado que quien ahorra para comprar un piso pueda perderlo durante años sin protección efectiva.
Una alternativa genuinamente liberal pasa por tres pilares: derecho de propiedad reforzado, procedimientos penales y civiles mucho más rápidos contra la okupación y una política de vivienda que no consista en socializar pérdidas a costa del propietario privado. El corte de suministros puede ser una pieza más, pero nunca la coartada para que el Estado renuncie a garantizar que en España la casa de uno no se convierte, por arte de burocracia, en terreno libre para el abuso.
