El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ir a por lo único que quedaba medio libre en el mercado de alquiler: las habitaciones y los contratos de temporada. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y PNV han pactado en el Congreso una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para someter estos contratos al índice de precios de referencia en zonas tensionadas, endurecer su duración y prohibir que el propietario repercuta gastos como comunidad, IBI o seguros al inquilino.
En el alquiler por habitaciones, la renta total del piso no podrá superar el tope fijado por el índice oficial; y cada inquilino pasará a tener prácticamente los mismos derechos que en un contrato de vivienda habitual. En los contratos de temporada, el límite temporal se amplía hasta 12 meses y, si la causa “temporal” no está muy bien justificada, el contrato se convertirá en indefinido con prórrogas de 5–7 años, replicando el esquema rígido de la Ley de Vivienda 12/2023.
Todo esto llega después de dos años de controles. Según datos oficiales y del principal portal de anuncios de alquiler, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda la oferta de alquiler permanente ha caído en torno a un 17%, mientras que las rentas han subido aproximadamente un 24% y la demanda ha aumentado cerca de un 79%. Resultado: menos pisos disponibles, más gente compitiendo por cada anuncio y un mercado que se refugia en modalidades menos reguladas: temporada, habitaciones, turístico. En ciudades como Barcelona, los estudios señalan que el alquiler temporal ya concentra una parte muy relevante de la oferta.
Con la nueva reforma, esa válvula de escape se cierra. El propietario que alquilaba una habitación a un estudiante o un piso por 8–10 meses a un trabajador en prácticas se encontrará con topes de precio, un inquilino blindado casi como si fuera indefinido y la imposibilidad de trasladar ni comunidad, ni IBI, ni seguros. Muchos optarán por retirarse, vender, pasar al alquiler turístico o irse directamente a la economía sumergida.
Mientras tanto, el Estado sigue creciendo: solo en 2024 el empleo público aumentó en torno a 40.000–50.000 personas, según la EPA del INE, hasta rozar los 3,6 millones de asalariados públicos. Más funcionarios, más regulación y menos pisos en alquiler: la combinación perfecta para que el acceso a vivienda se convierta en un lujo, no en una opción de vida razonable para jóvenes y clases medias.
Las redes vuelven a cargar contra el modelo de Sánchez:
@paloma_martinm — “La oferta de alquiler se hunde en Madrid y Barcelona: la ley de vivienda, en el punto de mira”
@mcuenaca — “La inseguridad jurídica de la ley de vivienda desploma la oferta de alquiler en España”
@Jomaca18 — “La Ley de Vivienda es una de las causas del desastre que habéis provocado…”
La reforma que vende el Gobierno como una cruzada contra el “fraude” en realidad es otra vuelta de tuerca a un modelo que ya ha demostrado su efecto: menos oferta, más precios y más inseguridad jurídica. Se castiga al pequeño propietario que alquila una habitación o un piso durante unos meses, mientras el gran tenedor puede reorganizar su cartera y seguir jugando en otro tramo del mercado. Los controles no crean vivienda; expulsan a quien podría ofrecerla.
Una alternativa liberal pasa por lo contrario: respetar la propiedad privada, simplificar la LAU, garantizar desahucios rápidos en caso de impago, bonificar fiscalmente el alquiler de larga duración y reducir trabas a la construcción de nueva vivienda. Regular habitaciones y temporadas con topes y obligaciones pensadas para un contrato indefinido solo empuja a más propietarios a desaparecer del mercado. Si esta ley sale adelante tal y como está, el alquiler flexible en España será un recuerdo, y la factura la pagarán, como siempre, los que no tienen otra opción que alquilar.
