El agujero de las pensiones dispara la deuda real de España y desmonta el relato triunfal del Gobierno — Los datos oficiales ponen en duda su sostenibilidad.
El debate sobre la “deuda real” de España ha estallado después de que un nuevo trabajo académico sobre el futuro económico de Europa haya sido leído como una radiografía demoledora del sistema de pensiones español. El documento The Constitution of Innovation, firmado por Luis Garicano, Bengt Holmström y Nicolas Petit, alerta de que sin más crecimiento la UE no podrá sostener prestaciones como las pensiones vitalicias. A partir de esos datos, varios análisis recientes que combinan deuda financiera y obligaciones futuras por pensiones sitúan las obligaciones totales de España por encima del 600% del PIB e incluso cerca del 700%, una cifra elevada que no está oficialmente consolidada pero que ilustra el tamaño del compromiso adquirido con los jubilados presentes y futuros.
Un estudio destapa la deuda real de Europa y deja a España en el peor sitio posible
— Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) November 20, 2025
Qué envidia me da Dinamarcahttps://t.co/mSkMq00N8T pic.twitter.com/YzOhkQ7vcw
Detrás del titular llamativo hay, sin embargo, una contabilidad precisa. Según la tabla de pensiones del Instituto Nacional de Estadística, los derechos de pensión devengados por los hogares ascendían a 6,19 billones de euros a finales de 2021, el equivalente a 5,1 veces el PIB de ese año, calculado con metodología armonizada de Eurostat. Diversos trabajos comparativos sitúan a España en la parte alta de la UE en pensiones devengadas como porcentaje del PIB, tras un aumento del 74% entre 2015 y 2021, el mayor incremento del bloque. A ello se suma una deuda pública medida según el Protocolo de Déficit Excesivo que ronda el 101-103% del PIB entre 2024 y 2025, todavía claramente por encima de la media europea.
El problema estructural es que esas promesas se cruzan con una demografía y unas reformas poco favorables. La fecundidad cayó a 1,12 hijos por mujer en 2023, mínimo histórico, mientras que la esperanza de vida superó por primera vez los 84 años en 2024, lo que alarga el tiempo medio de percepción de la pensión. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que el gasto en pensiones aumentará unos 3,4 puntos de PIB hasta 2050 y que serían necesarios alrededor de 2,2 puntos adicionales de ingresos para estabilizar el sistema, después de las reformas de 2021-2023 que han revalorizado las pensiones con el IPC y han eliminado el antiguo factor de sostenibilidad.
Mientras tanto, la factura se cubre con transferencias crecientes del Estado a la Seguridad Social. El último techo de gasto aprobado por el Gobierno incluye una transferencia de 22.881 millones de euros desde la Administración central a la Seguridad Social para financiar pensiones, una cifra que se asume íntegramente en las cuentas del Estado y que consolida un modelo en el que el sistema contributivo ya no se sostiene solo con cotizaciones. Para los defensores de esta lectura, el “agujero” de las pensiones no es un eslogan ideológico, sino la constatación de que buena parte del margen fiscal futuro estará hipotecado por decisiones presentes.
No es un estudio, es simplemente sumar a la deuda pública los derechos de pensiones, una estadística oficial que se publica desde hace años en Eurostat y que elaboran todos los institutos nacionales del Sistema Estadístico Europeo.
— Jon González (@Jongonzlz) November 21, 2025
No es la deuda "real", son pasivos contingentes… https://t.co/j1qzznWex1
El balance que dejan los datos es menos épico que el relato del “cohete” económico, pero más útil para entender las decisiones que vienen. No hay consenso sobre si es correcto presentar como “deuda” una magnitud que los propios organismos estadísticos tratan como derechos devengados y no como pasivo financiero, y varios economistas advierten contra lecturas simplistas de ratios superiores al 600% o al 700% del PIB. Pero incluso en la interpretación más prudente, España combina una deuda pública todavía por encima del 100% del PIB, las pensiones devengadas más altas de la UE en términos relativos y una demografía muy adversa.
La verdadera discusión no es si las obligaciones están ahí, sino cómo se repartirán los costes del ajuste: más impuestos, menos gasto en otras partidas o reformas que introduzcan más mercado y más crecimiento en un sistema que hoy descansa sobre promesas muy ambiciosas.
