Según publica Vozpopuli.com citando fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York, la Justicia estadounidense “está muy interesada” en abrir “cuanto antes” un proceso penal contra José Luis Rodríguez Zapatero como “colaborador necesario” del régimen de Nicolás Maduro. Las revelaciones del exjefe de la Inteligencia militar venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal, habrían aportado “datos precisos” sobre presuntos pagos de PDVSA y operaciones en el sector energético vinculadas al papel del expresidente español en Venezuela. En el escenario más duro, Washington baraja embargo de activos, retirada de visado e incluso una orden internacional de arresto si la causa penal termina de consolidarse.
Carvajal fue extraditado desde España a Estados Unidos en 2023 y el pasado 25 de junio de 2025 se declaró culpable de varios delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas ante un tribunal federal neoyorquino, con un horizonte de pena que puede llegar a la cadena perpetua. La lectura de su sentencia, prevista inicialmente para el 29 de octubre, se ha aplazado dos veces —al 19 de noviembre y ahora al 12 de febrero de 2026— precisamente por el volumen de documentación y testimonios que ha puesto sobre la mesa sobre el Cártel de los Soles y sus complicidades internacionales.
En paralelo, una demanda civil presentada el 14 de agosto en un tribunal federal de Florida bajo la RICO Act describe el entramado de Maduro y PDVSA como una “empresa criminal” dedicada al narcotráfico, el secuestro y otros delitos contra ciudadanos estadounidenses. Esa ley permite rastrear no solo a los directamente demandados, sino también a quienes se relacionan con ellos en negocios y mediaciones políticas, lo que explica el creciente interés por la actividad financiera internacional de Zapatero y por su aumento patrimonial durante los años de intensa actividad en Venezuela.
El siguiente escalón sería su inclusión en la lista OFAC del Departamento del Tesoro, donde ya figuran buena parte de los jerarcas chavistas —entre ellos Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y el propio Nicolás Maduro— con bloqueo de bienes y un veto casi total en el sistema financiero occidental. A día de hoy, Zapatero no aparece en esos listados públicos, pero en Washington se discute si aplicar un “castigo ejemplarizante” que serviría de advertencia a políticos y lobistas europeos demasiado cómodos con dictaduras petroleras. Para una clase media española exprimida a impuestos y atrapada entre deuda y precariedad, la idea de un expresidente enriquecido al calor del chavismo mientras predica “diálogo” y “proceso de paz” es la caricatura perfecta de una élite desconectada de la realidad.
Así han reaccionado las redes:
En su reacción, @rosadiezglez, ex eurodiputada y fundadora de UPyD, lamenta que tenga que ser la Justicia de EEUU quien ponga bajo escrutinio los vínculos del socialismo español con el chavismo mientras en España se mira hacia otro lado.
Con tono combativo, @ada_lluch, creadora de contenido político cercana a posiciones conservadoras, celebra que el caso exhiba el contraste entre los privilegios de las élites socialistas y la carga fiscal que soportan los ciudadanos de a pie.
Mientras Zapatero se presenta como “mediador de paz”, los tribunales de EEUU lo analizan con las mismas herramientas jurídicas que se usan contra el crimen organizado transnacional. Si las pruebas de Carvajal se sostienen, el coste ya no será solo reputacional, sino también patrimonial y diplomático; si no se traducen en cargos formales, quedará la incómoda pregunta de por qué nadie en España quiso mirar de frente a años de diplomacia paralela y negocios opacos con Caracas.
La salida no pasa por más opacidad, sino por más Estado de derecho y menos política de camarilla: reglas claras sobre puertas giratorias, límites estrictos a la colaboración con regímenes sancionados y una política exterior que responda al interés general, no al patrimonio de los expresidentes. Menos complacencia con los amigos de Maduro y más respeto a los contribuyentes que pagan la factura de tanta aventura bolivariana.
