El Gobierno ha consolidado un sistema por el que, cuando un desempleado agota el paro o el subsidio asistencial, la Administración activa de oficio el Ingreso Mínimo Vital (IMV) si cumple los requisitos de renta y patrimonio. El IMV alcanza ya a 773.272 hogares y 2.363.554 personas, con una cuantía media de 487,2 euros y una nómina mensual de 532,6 millones, en paralelo al despliegue de la nueva “pasarela” entre subsidio e IMV.
@desdelamoncloa, perfil de comunicación de la Presidencia del Gobierno, presenta el IMV automático como “protección social moderna” sin aludir a los incentivos laborales que erosiona.
Esa pasarela, operativa desde noviembre de 2024, elimina trámites: en el trimestre previo al fin del subsidio, el SEPE envía una carta y ofrece al beneficiario pasar al IMV. Basta acudir a la oficina, firmar una declaración responsable y autorizar el envío de datos a la Seguridad Social. Si se reconoce el derecho, la prestación se cobra desde la fecha de agotamiento del subsidio, sin mes “en blanco” y sin una solicitud clásica: la Administración mueve la ficha por defecto.
El problema es el diseño de fondo. El IMV es un derecho subjetivo e indefinido, compatible con ciertos ingresos laborales y con otras rentas mínimas. Según la AIReF, reduce en torno a un 12 % la probabilidad de trabajar y unos 0,6 días trabajados al mes, con especial impacto en jóvenes y hogares monoparentales. Muchos beneficiarios superan el año en la ayuda, lo que encaja con una trampa de pobreza: el salto entre prestaciones y empleos de baja remuneración es mínimo.
La combinación de automatismo, compatibilidad y horizonte abierto corre el riesgo de consolidar una dependencia estructural financiada por una base de contribuyentes cada vez más tensionada. El Estado garantiza un suelo de ingresos casi permanente sin contrapartidas exigentes en búsqueda de empleo, formación o revisiones periódicas, mientras crece la tentación de utilizar esta renta garantizada como herramienta de clientelismo electoral más que como política de inserción laboral.
Las redes han reaccionado de manera crítica:
En su reacción, @gomezdelpozuelo, empresaria tecnológica de perfil liberal, denuncia que ligar de forma automática el IMV al agotamiento del paro es un nuevo incentivo a no buscar trabajo y a engordar la red de dependientes del Estado.
@inclusiongob, cuenta oficial del Ministerio de Inclusión, celebra que la pasarela entre subsidio e IMV elimine burocracia y garantice continuidad en los ingresos de las familias vulnerables.
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La paradoja es clara: se simplifica un trámite complejo —lo cual es positivo—, pero se refuerza un esquema que premia la permanencia en la prestación más que el retorno al trabajo. Más gasto, más dependencia y menos incentivos en un país con paro estructural elevado, envejecimiento demográfico y presión fiscal creciente sobre quienes sostienen el sistema.
La salida no pasa por seguir ampliando una red de prestaciones automáticas, sino por una red de seguridad focalizada, ligada a formación efectiva, búsqueda activa de empleo, revisiones periódicas exigentes y límites temporales claros para quienes están en edad de trabajar. Menos laberinto de subsidios solapados y más espacio para que quienes crean empleo puedan hacerlo con menos impuestos y menos trabas. La renta mínima puede ser un salvavidas en un momento crítico; convertida en hábito automático, termina siendo una cadena dorada que ata a la pobreza subvencionada.
