La denuncia de Alicia Tomás, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Terrassa, ha puesto números a lo que ella llama el “xiringuito de Igualdad”. Según la información difundida a raíz de documentación municipal, el área de Igualdad y LGTBI maneja en torno a 1,7 millones de euros, de los que el 76% se destinaría a salarios y estructura interna, no a ayudas directas a víctimas ni a servicios fácilmente identificables por las vecinas.
Tomás lo ha resumido en X de forma contundente: en Terrassa se destinan 1,7 millones de euros a políticas de género que “acaban convertidos en sueldos y campañas” al servicio de un “entramado institucional que vive del dolor de las víctimas”, anunciando un acto para “desmontar esta industria gigantesca” y hablar de las “violencias silenciadas” por los llamados “chiringuitos morados”. La cuenta de Vox Terrassa completa el marco: convocan a “hablar alto y claro” de esas violencias que, según denuncian, nunca aparecen en los discursos oficiales del 25N, citando un acto en el Centre Cívic Ca n’Aurell.
Desde la cuenta oficial del Ayuntamiento de Terrassa se publicó un hilo donde se recuerda que, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, “Terrassa salió a la calle para decir basta” a las violencias, con concentraciones en los distintos distritos de la ciudad bajo el lema #NiUnaMés y el marcaje simbólico del 25N. El alcalde Jordi Ballart reforzó el mensaje con un vídeo y el eslogan “25N: Terrassa diu NO a la violència masclista”, subrayando el compromiso del consistorio con estas políticas y con la red de actos repartidos por los siete distritos.
El choque no es solo local. A escala estatal, el Ministerio de Igualdad cuenta desde 2022 con un presupuesto de 525 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 500 millones, con un incremento en torno al 14,4% respecto al año anterior. Además, el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2022–2025 prevé una inversión aproximada de 21.319 millones, según la propia Moncloa, lo que sitúa las políticas de género en torno al 4,4% del presupuesto no financiero del Estado.
La cuestión de fondo es sencilla y, a la vez, incómoda: ¿cuánta de esta lluvia de millones —desde el 1,7 millones de Terrassa hasta los miles de millones del plan estatal— se traduce en menos agresiones, más seguridad y más oportunidades reales, y cuánto se queda atrapada en la burocracia identitaria? Desde una óptica liberal, el caso Terrassa ilustra un patrón: mucha estructura, mucho acto simbólico y muy poca evaluación rigurosa de resultados, mientras la clase media sigue ahogada por impuestos y sin garantías de seguridad o acceso a vivienda digna.
Más millones, más planes, más actos y más cargos, pero una percepción creciente de que la realidad de muchas mujeres vulnerables y de la clase media apenas cambia. Terrassa condensa ese choque entre un Ayuntamiento que exhibe músculo simbólico cada 25N y una oposición que aporta cifras concretas sobre un presupuesto donde la mayor parte del dinero se pierde en nóminas y campañas.
Si algo pone sobre la mesa este caso es la necesidad de menos aparato y más control del gasto, presupuestos transparentes, objetivos medibles y políticas sometidas a evaluación independiente: más seguridad en las calles, justicia rápida, conciliación real, apoyo al emprendimiento femenino y más margen para la sociedad civil. Menos pancarta, más libertad efectiva.
