Un afgano evacuado por Biden hiere a dos guardias nacionales — el ataque a dos manzanas de la Casa Blanca reaviva el debate sobre los controles a los colaboradores afganos.
Un tiroteo a plena luz del día ha dejado gravemente heridos a dos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia a escasa distancia de la Casa Blanca, en el centro de Washington. El ataque se produjo en la zona de Farragut Square, a dos manzanas de la residencia presidencial, mientras los soldados participaban en una patrulla de alta visibilidad. Las autoridades describen los hechos como un ataque dirigido contra los uniformados y aseguran que el presunto tirador fue herido por disparos de respuesta y quedó detenido en el lugar, sin indicios de más implicados.
BREAKING: Afghan national Rahmanullah Lakanwal, 29, who came to US in 2021 under the Joe Biden's administration’s Operation Allies Welcome program, ID’d as an alleged terrorist gunman in the shooting of 2 National Guard members in Washington DC.
— Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) November 27, 2025
He was brought here in 2021 by… pic.twitter.com/P8zZ3hvwL7
El estado exacto de los dos guardias sigue rodeado de confusión y versiones cruzadas. En un primer momento se habló de heridos en estado crítico, mientras que responsables políticos del estado llegaron a darlos por fallecidos antes de rectificar. Los últimos mensajes oficiales apuntan a que ambos continúan vivos e ingresados con pronóstico muy grave. A día de hoy, no está confirmado de forma definitiva si los dos soldados han muerto o siguen hospitalizados, porque las distintas instancias federales no han unificado todavía el balance.
Las autoridades federales identificaron al tirador de Washington D. C. como el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, quien ingresó a Estados Unidos en 2021. pic.twitter.com/LcOrUN44Ez
— Dani Lerer (@danilerer) November 27, 2025
El detenido ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que entró en Estados Unidos en 2021 dentro de la operación de evacuación de colaboradores tras la retirada militar de Afganistán. El hombre llegó bajo un programa específico de acogida impulsado por la Administración Biden y obtuvo asilo en 2025, sin antecedentes penales conocidos hasta ahora. Fuentes de seguridad señalan que habría trabajado en su país con fuerzas asociadas a Estados Unidos y con estructuras de inteligencia, un historial que está siendo revisado con detalle mientras la unidad antiterrorista del FBI investiga el caso como posible terrorismo internacional, con el móvil aún sin aclarar.
“The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families…
— The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025
We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice.” — President Trump pic.twitter.com/zOkJGZyGmk
La respuesta política se ha centrado de inmediato en los filtros aplicados a aquellos afganos que fueron evacuados en 2021. El presidente Donald Trump ha calificado el tiroteo como un “acto de terror”, ha ordenado el despliegue de centenares de efectivos adicionales de la Guardia Nacional en la capital y ha reclamado una revisión individual de los expedientes de los evacuados afganos. El servicio de inmigración ha suspendido temporalmente la tramitación de nuevas solicitudes de ese colectivo, a la espera de un nuevo examen de seguridad. Diversas organizaciones de apoyo a refugiados advierten del riesgo de que un caso extremo acabe marcando la percepción sobre decenas de miles de colaboradores que llegaron de forma legal y no tienen vínculo alguno con el ataque.
El caso deja abiertas cuestiones clave: si existieron señales previas de radicalización, qué controles se aplicaron realmente durante la evacuación y el proceso de asilo del presunto atacante y hasta qué punto funcionó la coordinación entre los servicios de seguridad y el sistema migratorio.
Mientras el FBI avanza en la investigación y la justicia concreta los cargos, el tiroteo ya ha colocado bajo una lupa mucho más exigente el programa de acogida de afganos impulsado en 2021, con un giro evidente hacia posiciones más duras en materia de inmigración y seguridad interior.
