Polémica en el Viejo Continente. La Unión Europea ha dado un paso profundo y singular en la política migratoria común: los 27 Estados miembros han aprobado, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, la posibilidad de crear centros de retorno de migrantes en terceros países. La medida, que forma parte del nuevo Reglamento de Gestión de la Migración y el Asilo, permite externalizar el procesamiento y la ejecución de las devoluciones de personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada o que tengan orden de expulsión. En la práctica, la UE podrá financiar y supervisar instalaciones fuera de su territorio —principalmente en el norte de África, los Balcanes occidentales o el Cáucaso— donde los migrantes esperarán el retorno efectivo a sus países de origen o su reubicación en otro lugar seguro.
España ha sido el único país que ha votado en contra, manteniendo la posición que ya expresó en las negociaciones del Pacto sobre Migración y Asilo de 2024. El Gobierno español argumenta que esta externalización vulnera el principio de no devolución.
España se queda sola también en su política de inmigración: los 27 aprueban los 'centros Meloni' de deportación fuera de la UE
— EL MUNDO Inter (@ElMundoInter) December 8, 2025
Por: @DanielVianaRhttps://t.co/3ZQ1fH5rr2
Sin embargo, una parte significativa de la opinión pública europea recibe la decisión con alivio y satisfacción. En numerosos países del centro y el este, pero también en sectores de Italia, Austria, Países Bajos y Francia, se percibe como la primera respuesta realista y contundente al colapso del sistema de retorno actual: solo dos de cada diez órdenes de expulsión se ejecutan efectivamente. Los centros externos aparecen como una herramienta pragmática que rompe el bloqueo que generan los recursos judiciales interminables y la falta de cooperación de los países de origen.
El sentir mayoritario entre la mayoría que celebra la medida es de fatiga acumulada: Europa lleva décadas pagando el coste político, económico y social de una política migratoria que combina fronteras porosas con devoluciones prácticamente imposibles. La externalización permite recuperar soberanía y disuasión sin tener que recurrir a cierres unilaterales de fronteras internas. Los nuevos centros estarán, por supuesto, sujetos a supervisión europea y a estándares de derechos humanos.
Esta decisión marca un punto de inflexión: la UE abandona definitivamente la ficción de un sistema basado solo en la acogida y la integración y abraza, por primera vez de forma colectiva, la lógica de la contención externa. España queda aislada en su rechazo, mientras una mayoría silenciosa pero creciente en el continente interpreta el voto de hoy como el comienzo del fin de una etapa de impotencia migratoria.
