La reforma de pensiones sigue endureciendo en 2025 las condiciones para la jubilación anticipada voluntaria. Adelantar hasta 24 meses la edad de retiro implica recortes significativos en la cuantía, afectando también a quienes superan los 40 años cotizados. Cambiar las reglas del juego a mitad de partido, después de toda una vida de trabajo y aportaciones al sistema, genera una sensación de profunda injusticia entre muchos trabajadores.
Actualmente, la edad ordinaria de jubilación en 2025 es de 66 años y 8 meses (o 65 años si se acreditan al menos 38 años y 3 meses cotizados). La modalidad de jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta un máximo de 24 meses esta edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos mínimos de cotización: haber cotizado al menos 35 años en total y, además, que al menos 2 de los últimos 15 años se encuentren dentro del período de cotización.
Esto implica reducciones cuantiosas en la pensión final, ya que se aplican coeficientes reductores de forma mensual y progresiva, que dependen tanto de los meses adelantados como del total de años cotizados. En la práctica, estas penalizaciones pueden llegar a restar hasta casi un 20% de la cuantía teórica de la pensión, incluso para personas que han dedicado cuatro décadas o más a trabajar y contribuir al sistema. Este mecanismo, aunque diseñado para garantizar la sostenibilidad del sistema, genera críticas por su impacto en trabajadores con carreras largas que ven mermada su prestación tras años de esfuerzo.
Cotizas 40 años. 👷♂️
— Cuñado cripto🐈🪐 (@cunadocripto) December 15, 2025
Pides recuperar TU propio dinero 2 años antes.
Te quitan el 20% por la cara.
Si esto lo hace una aseguradora privada, sus directivos acaban en la cárcel por estafa.
Si lo hace el Estado, lo llaman 'Sostenibilidad del Sistema'.
La mayor estafa piramidal…
Este endurecimiento de las condiciones revela la insostenibilidad creciente del sistema de pensiones actual: cada vez más restricciones y recortes para mantener un equilibrio que parece inalcanzable sin sacrificar a los trabajadores que lo han sostenido. La falta de confianza en el futuro del sistema, agravada por estas medidas, empuja a muchos a cuestionar si sus aportaciones valdrán la pena.
Sin una reforma estructural profunda que garantice equidad y sostenibilidad real, el modelo público de pensiones corre el riesgo de perder su legitimidad y de dejar a generaciones enteras en la precariedad.
