El Gobierno ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley para regular la profesión del agente de igualdad. La medida, presentada como «un avance en políticas de género», estandariza la formación y competencias de estos profesionales, encargados de diagnosticar desigualdades y asesorar en planes antiacoso en empresas e instituciones. En el actual contexto ideológico y de escándalos rodeando al Gobierno, la iniciativa ha sido interpretada por muchos como un gasto innecesario para una maniobra distractora.
Han inventado el cargo de 'Agente de Igualdad' para montar otro chiringuito donde colocar a los suyos, supongo que porque 'Inquisidor de Género con Coche Oficial' no cabía en la tarjeta.
— Ababol Ilustrado (@AbabolIlustrado) December 16, 2025
1º Es una estrategia política ante los casos de acoso sexual.
— Señor Sombrero Show (@EseSombreroShow) December 16, 2025
2º Es una forma forma de agrandar la administración pública y seguir aumentando impuestos.
3º Es la manera de dar salida profesional a todas esas charitos con "estudios de género" destinadas a ser camareras.
El siguiente paso es hacer obligatoria la contratación de un agente de igualdad en cada centro de trabajo. Guardad el tuit.
— Álvaro (@Alfuenla) December 16, 2025
El sentir predominante refleja una profunda desconfianza hacia lo que se percibe como una expansión burocrática ideologizada. Numerosos comentarios destacan la creación de esta figura como un «chiringuito» más. Se argumenta que el Gobierno prioriza agendas ideológicas sobre necesidades reales y se vincula la medida a intentos de desviar la atención de controversias internas en el PSOE, que ahora mismo se centran precisamente en el afloramiento sistemático de presuntos caso de acoso sexual en sus principales polos de poder.
Esta visión resalta el temor a una «vigilancia ideológica» que imponga protocolos obligatorios en el sector privado, fomentando un clima de sátira que ridiculiza la profesión como una forma de control social o «comisariado político».
Con el país pendiente de otros retos económicos, la controversia se extiende más allá del ámbito digital, cuestionando el equilibrio entre avances sociales y eficiencia presupuestaria.
