Mediapro, el gigante audiovisual catalán, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Southwind Capital, el fondo chino que controla la compañía a través de Orient Hontai, ha decidido dar un golpe de timón ante las más que abultadas pérdidas y la deuda acumulada. Tras invertir cerca de 1.500 millones de euros desde 2018, el accionista mayoritario ha forzado la salida de Tatxo Benet, el último fundador en activo -tanteado por Junts para la alcaldía de Barcelona-, cuyo contrato expirará el 31 de diciembre de 2025. Esta decisión marca el fin de una era iniciada por Benet, Jaume Roures y Gerard Romy, y abre paso a una gestión profesionalizada.
Los nuevos líderes, Sergio Oslé como presidente ejecutivo y Carlos Núñez como consejero delegado, asumirán sus cargos el 1 de enero de 2026. Ambos, con experiencia en Telefónica y Prisa respectivamente, deben iniciar un diagnóstico exhaustivo. Una de las primeras medidas será encargar una auditoría forense a una de las grandes consultoras para desentrañar las causas de las pérdidas, que alcanzaron los 72 millones en el último ejercicio reportado. El foco está en proyectos fallidos, como la expansión en Estados Unidos con oficinas en Los Ángeles, Nueva York y Miami, que generaron gastos desproporcionados. Además, se investigan casos de mala conducta, como el despido del vicepresidente de Latinoamérica por «comportamiento impropio».
La situación financiera es alarmante: Mediapro arrastra una deuda de unos 600 millones, con Pimco -filial de Allian-) como principal acreedor por casi 500 millones. La compañía quema alrededor de 30 millones anuales en caja operativa y corre riesgo de incumplir ratios financieros, lo que podría permitir a Pimco ejecutar garantías y tomar el control. Para evitarlo, se negocia una prórroga. Desde la adquisición china, la facturación ha caído de 1.800 a unos 900 millones, y el EBITDA se ha reducido a la mitad, agravado por la pérdida de contratos clave como el de LaLiga.
En respuesta, se ha lanzado un plan de reestructuración drástico: recorte de cerca de 1.000 empleos en todo el mundo –500 en España, vía ERE-, cierre de oficinas y posible venta de activos. El coste de estas medidas podría oscilar entre 30 y 50 millones, obligando a una nueva inyección de capital por parte del fondo chino, que ya aportó 620 millones en 2023 para esquivar el concurso de acreedores.
En paralelo, emergen rumores de venta. El grupo Secuoya negocia la adquisición a precio de derribo –alrededor de 700 millones, deuda incluida–, aprovechando la asfixia financiera de Mediapro. Aunque no hay oferta vinculante, esta opción refleja el interés del sector por un jugador debilitado pero con potencial.
