Los recientes despidos anunciados por Amazon en Barcelona y Madrid, justificados por «el impacto de la inteligencia artificial», coinciden en el tiempo con el llamamiento de la patronal catalana a favor de una inmigración “regulada y sustancial” para sostener el mercado laboral. Ambas noticias revelan una contradicción de fondo en el debate económico y social sobre el futuro del empleo en España.
Amazon ha acordado el despido de 791 trabajadores en sus oficinas de Barcelona —casi el 30% de la plantilla— dentro de una oleada global de 14.000 recortes. La compañía atribuye esta decisión a la necesidad de ganar eficiencia, reducir burocracia y adaptarse a los cambios introducidos por la IA. Se trata, además, de empleos cualificados en áreas como atención al cliente, traducción o desarrollo digital, es decir, trabajos que hasta hace poco se consideraban relativamente protegidos frente a la automatización.
Mientras tanto, el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, defiende la llegada de al menos 140.000 inmigrantes anuales para compensar el envejecimiento de la población y evitar que miles de vacantes queden sin cubrir. Su planteamiento parte de un diagnóstico demográfico indiscutible, pero omite un factor clave: el impacto creciente de la IA y la robotización sobre el empleo, ya visible en grandes empresas tecnológicas y en sectores como los servicios, la agricultura o la construcción.
La paradoja es evidente. Por un lado, se destruye empleo por razones tecnológicas; por otro, se afirma que faltan trabajadores de forma generalizada. La explicación está menos en la cantidad de empleo que en su calidad. La economía no carece de trabajadores en abstracto, sino de mano de obra dispuesta a ocupar determinados puestos con salarios bajos, condiciones exigentes y escasas perspectivas de progreso.
Ignorar esta realidad y apostar por una inmigración masiva sin una planificación clara de sectores, duración y condiciones laborales puede agravar tensiones sociales, presionar los salarios a la baja y sobrecargar servicios públicos ya tensionados, como la vivienda o la sanidad. Al mismo tiempo, se dejan fuera del debate alternativas necesarias: incentivos a la natalidad, reformas educativas, mejora de la productividad, redistribución de los beneficios de la IA o políticas activas de empleo.
Ni la IA ni la inmigración pueden abordarse como soluciones aisladas. Sin una visión integrada del futuro del trabajo, el riesgo es construir un relato que beneficia a corto plazo a determinadas empresas, pero deja sin respuestas sólidas a trabajadores y sociedad.
