El Govern de Salvador Illa ha ido este jueves un paso más allá de la Ley de Vivienda estatal y ha logrado el respaldo del Parlament para regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Una trampa utilizada por muchos propietarios para evitar el tope de los alquileres residenciales fijado por la ley nacional. El presidente Illa se ha mostrado satisfecho por el apoyo mayoritario a la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que también contempla la ampliación y consolidación del parque catalán de vivienda asequible. La ley ha contado con el apoyo del PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts ha votado a favor de algunos puntos y los diputados de PP, VOX y Aliança Catalana han votado en contra.
Con la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, ha dicho la consellera de Vivienda, Silvia Paneque, se pretende «aportar seguridad jurídica y aplicar una normativa clara y transparente a favor de todas las partes». «El derecho a la vivienda», ha dicho la consellera en un mensaje publicado en X, «es crucial para la estabilidad vital, la unidad de la comunidad y la confianza de las familias catalanas en las instituciones».
Con la ley aprobada este jueves, los alquileres de temporada, de más de un año y menos de cinco, tendrán en Cataluña el mismo tope que ya se aplica a los de larga duración. La ley obliga, además, a justificar de forma expresa el carácter temporal del contrato, que solo podrá basarse en causas concretas como motivos laborales, académicos o de salud. En el caso del alquiler por habitaciones, la suma de las rentas de todas ellas no podrá superar el precio máximo que correspondería al alquiler del piso completo según el índice oficial, con el objetivo de evitar fraudes y subidas encubiertas.
Desde el Govern defienden que la medida busca cerrar vacíos legales y frenar prácticas que se habían extendido en los últimos años, especialmente en ciudades como Barcelona, donde muchos propietarios recurrieron al alquiler de temporada para esquivar los límites de precio. La nueva regulación no afecta, en principio, a los pisos turísticos con licencia, pero sí endurece el marco para el alquiler residencial en un contexto de fuerte tensión en el mercado de la vivienda.
El Sindicat de Llogateres y Llogaters ha mostrado su satisfacción por la aprobación del texto, impulsado por esta entidad. En un mensaje publicado en X, el sindicato ha avanzado que el siguiente paso será «poner fin a la brecha de la regulación de la que será la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el Congreso de los Diputados en febrero». Una modificación que «blindará la norma catalana y acabará con muchas otras trampas de los rentistas».
La diputada de los Comuns Susanna Segovia ha asegurado que esta ley permitirá «avanzar en la garantía del derecho a la vivienda para todo el mundo pero sobre todo para las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad«.
Desde su perfil de X, la CUP ha asegurado que la nueva ley es «una conquista del conjunto del pueblo catalán, que hace años que lucha en favor del derecho a una vivienda digna». En su intervención ante la Cámara autonómica, la diputada cupaire Laura Vega ha denunciado. que «la gran mayoría de la gente» está «a dos nóminas de acabar en la calle». «Nos intentan estabular como si fuéramos bestias en pisos de 25 metros con un tercio de nuestro sueldo», ha añadido, «y toda la tontería de Ayuso, de Albiol, de VOX, de la versión medievalista en catalán de VOX, de la antigua Convergència reconvertida en partido del Upper Diagonal que sueñan con Melei, con Melloni y Kast estaría bien que preguntaran de qué libertad hablan si no podemos decidir ni siquiera quedarnos en nuestros barrios».
La diputada de VOX Mónica Lora ha asegurado que la ley «no va a permitir que haya más vivienda» porque «no fomenta la construcción ni el aumento de la oferta». Lora también ha lamentado que no se hayan aceptado las propuestas de la formación en materia de vivienda y ha advertido que «el tiempo» dará la razón» a este partido.
