El desalojo judicial de los 400 okupas que residían en el antiguo Instituto B9 de Badalona ha llevado a Catalunya en Comú a presentar una denuncia contra el alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol. Según han informado en sus redes sociales, «el juez le obligaba a ofrecer una alternativa habitacional y no lo ha hecho de forma retirada». Además, han añadido, «ha tolerado y amparado declaraciones que pueden ser constitutivas de un delito de odio«.
Una «crisis de ciudad»
La concejal de Badalona en Comú, Aïda Llauradó, ha denunciado en el Pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento lo sucedido. Llauradó ha insistido en que el Consistorio tenía que ofrecer alternativa habitacional a los desalojados. El portavoz del PSC, Christian Carneado, ha señalado en la misma sesión que «lo que era un problema de 20 personas lo han convertido en una crisis de ciudad y de convivencia más grande». García Albiol les ha respondido que el problema se ha empezado a resolver «cuando ha habido colaboración institucional» pero sin aclarar a qué se refería exactamente.
Okupas en recursos de emergencia de la Generalitat
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, la socialista Mònica Bravo, ha señalado, por su parte, que «no puede ser que la cuarta ciudad más poblada de Cataluña no tenga unos recursos mínimos» para atender a los desalojados tras «una situación de emergencia«. Bravo ha explicado en Catalunya Ràdio que 120 de los okupas han sido calificados como «vulnerables» y derivados a recursos de la propia Generalitat.
Cuestionamiento de García Albiol
Por otro lado, la figura del primer edil de Badalona está viéndose muy cuestionada desde la ultraizquierda. Medios como La Directa han publicado grabaciones sobre lo sucedido tras el desalojo que no dejan a García Albiol precisamente en buen lugar.
