De los actos que el Gobierno prometió celebrar el año pasado con motivo del medio siglo de la muerte de Franco (cien, sí, aunque en realidad fueron sólo un par de ellos, cosa que no digo con tono de denuncia, sino entre grandes aplausos), alguno se tendría que haber dedicado a la gente de las togas y al estado de ánimo de la sociedad -entonces y ahora- hacia el gremio. Sabiendo todos que en ese tipo de análisis lo que importa no son las fotos fijas, sino la película.
José Juan Toharia (discípulo de su casi tocayo Linz, que se dice pronto) publicó precisamente en 1975elu libro El juez español. Un análisis sociológico, que recogía su tesis doctoral de Yale del año anterior. Se trató de una encuesta a 191 togados de entre los 1048 que había entonces y en la línea de los estudios análogos que se habían llevado a cabo en otros países, como Francia (1957, Serge Fuster, Les juges) o Estados Unidos (1965, Glendon Schubert, The judicial mind: the attitudes and ideologies of Supreme Court Justices, 1946-1963). Se empezaba a caer en la cuenta de que las normas suelen admitir más de una interpretación y que quien opta por una de ellas -en eso consiste el oficio- no constituye la boca que pronuncia las palabras de la ley sino que es una persona con sus sesgos. Y, como todos, incluyendo los simples objetos, no insensible a las condiciones de presión, humedad y temperatura de cada momento. Las torres de marfil -lo que en física se llaman sistemas cerrados- no existen.
En la España del tardofranquismo, el mundo de esas personas era el de las jurisdicciones especializadas -Orden Público, entre ellas, por citar la más controvertida-, aunque, en efecto, la realidad social era ya muy otra, más normalizada, occidentalizada, modernizada o como se le quiera llamar. Una distancia entre la norma y la vida que existe siempre pero que en esas épocas del final de un régimen autoritario se muestra con especial crudeza. Toharia recogió algunos datos muy expresivos: por ejemplo, el 74 por ciento de los encuestados se manifestaba en favor de adoptar la regulación de los procedimientos y una abrumadora mayoría declaró que la pena de muerte había perdido toda razón de ser.
Tan relevante como el análisis ideológico de Sus Señorías era su evaluación por así decir demográfica. Casi todos provenían de las clases medias rurales o de capitales de provincia: un 20 por ciento andaluces, un 19 gallegos, un 19 de Castilla La Vieja y otro 18 de la Nueva, incluyendo Madrid. Total, casi un 80 del conjunto.
Y, en lo que hace al origen familiar, sin que se confirmase el estereotipo, pese a estar muy extendido, de la casta: sólo el 10 por ciento eran a su vez hijos de jueces y nietos únicamente el 3. El porcentaje más numeroso, 23 de cada cien, definían la ocupación paterna como comerciante o industrial.
Hasta aquí, el contenido del libro de 1975. Ahora, en 2025, el mismo Toharia, ya todo un veterano de la sociología española, ha vuelto a estudiar el asunto y el resultado es un nuevo libro, llamado El juez español (1975-2025). Un análisis sociológico. Francamente muy recomendable.
En 1978, la Constitución adoptó decisiones transcendentales, dedicándole todo un Capítulo, el VI, y dándole el nombre de Poder judicial. A título de ejemplo:
– Proclamar que la justicia emana del pueblo aunque se administre en nombre del Rey por jueces profesionales e independientes, “sometidos únicamente al imperio de la ley”, bien que sabiendo que el tal imperio se muestra laxo, supuesta la ya mencionada variedad de posibilidades interpretativas de los textos. Dicho con palabras castizas, un imperio que aprieta pero no ahoga.
– Organizarse como una unidad -o sea, ya sin jurisdicción especial- , aunque articulada en cuatro grandes áreas especializadas: civil, penal -con la posibilidad de juicio por jurado-, laboral (rebautizada en 1985 como social) y contencioso-administrativo, esto último dedicado al control de las decisiones de los políticos.
– En lo penal, proclamando la figura estamental de los aforamientos, en grosero contraste con la declaración, entre la tutela judicial efectiva, del derecho -o la carga, según se mire- al “juez ordinario predeterminado por la ley”: el que te caiga en suerte, sea listo o tonto, guapo o feo, de derechas o de izquierdas. El que te toque.
– Crear, por encima de todo, dos órganos nuevos como el Tribunal Constitucional (desde primera hora entregado a los políticos) y el Consejo General del Poder Judicial, que en 1985 acabaría en el mismo cajón.
Sí, desde 1978 hasta 2025 han pasado muchos años (casi tantos como desde 1975). El gremio de ha incrementado -hay casi 6.000, con un porcentaje creciente de mujeres- y, en lo cualitativo, lo más relevante se encuentra en que, a la hora del control de los políticos, la jurisdicción contenciosa se ha autoexcluido y su lugar lo ha ocupado la penal, en singular en la fase de instrucción, sobre todo en materias tan relevantes como el urbanismo (con la introducción en 1995 de un delito con ese objeto) y la adjudicación de contratos públicos, en particular a partir de la pandemia de 2020, cuando de la noche a la mañana hizo falta suministrarse de mascarillas y demás material sanitario. La consecuencia es que ahora ese control se ejerce por medios más expeditivos y mediáticos, lo que a su vez genera que en el oficialismo -o los oficialismos, porque hay varios- se haya desatado un odio visceral hacia las togas. Es lo que estudia Toharia en su nuevo libro en el Capítulo 6, La imagen social de la justicia hoy, páginas 91 y siguientes, donde los datos son, en su mayoría, muy favorables. Por ejemplo:
– Un 79 por ciento cree que tenemos una justicia íntegra, honesta e impermeable al soborno.
– Un 74 por ciento considera que en general, los jueces son competentes y están bien preparados.
– Dos de cada tres españoles, aun partiendo de la independencia de los jueces, entienden que reciben presiones de forma permanente.
El epílogo del libro se llama Del uso alternativo del derecho al lawfare. Está escrito, por supuesto, después de la Sentencia del Supremo sobre el procés de Cataluña (octubre de 2019) aunque antes de la del mismo órgano de diciembre de 2025 -hace pocas semanas, aunque parezca que haya pasado un mundo- con condena al Fiscal General del Estado por su locuacidad incontinente cuando sucedía que el justiciable era el novio de una adversaria política. Los partidos -y el designado por el Gobierno como Fiscal General del Estado forma parte de ese ecosistema- es lo que tienen y, cuando se sienten en situaciones límite, reaccionan de la única manera de la que son capaces: bien pudiera decirse que, a estas alturas, gobernar consiste precisamente en filtrar, siendo muy relevante qué se filtra y más aún a quién se le filtra. No es casual que, en las encuestas de opinión sobre los diferentes oficios, sean los más lejanos a los políticos -los militares, los policías, los médicos, los profesores, amén de los propios jueces- los que la gente valora mejor, sin perjuicio de denunciar sus patologías: en este último caso, y por encima de todo, la tardanza desesperante.
En eso consiste el libro de Toharia de 2025:, una puesta al día, y no sólo eso, del de medio siglo antes. Vale la pena estudiarlo, porque contiene muchas informaciones (y también opiniones, se compartan o no) del máximo interés.
