El silencio de lo dosificado. Mientras Irán vive desde finales de diciembre el mayor ciclo de protestas contra la República Islámica desde 1979, buena parte del debate mediático y político en España se ha instalado en un tono contenido, prudente y marcadamente relativista, muy alejado de la beligerancia exhibida en otros conflictos recientes.
Las protestas iraníes comenzaron por motivos económicos: inflación persistente, caída del nivel de vida y agotamiento social tras años de mala gestión. En cuestión de días, las movilizaciones han adquirido un carácter abiertamente político. Las consignas contra el régimen autocrático clerical, la figura del líder supremo y el propio sistema islamista se extendien por decenas de ciudades y provincias. No se trata de episodios aislados ni de disturbios locales, sino de un proceso sostenido, amplio y transversal de prerevolución.
La respuesta del Estado iraní ha seguido un patrón bien documentado. Fuerzas de seguridad utilizando munición real contra manifestantes, miles de detenciones, juicios acelerados, cortes deliberados de internet, y un férreo control informativo. Agencias de noticias han informado de centenares de víctimas mortales, aunque las cifras exactas son difíciles de confirmar debido a la censura impuesta por las autoridades. Todo ello constituye un cuadro represivo que, en cualquier otro contexto, habría suscitado una reacción política y mediática mucho más contundente.
El contraste con el tratamiento otorgado a la intervención estadounidense en Venezuela resulta difícil de ignorar. Un hecho puntual y de duración limitada —la operación ordenada por Trump contra el régimen de Nicolás Maduro— dio y sigue dando lugar a una cascada de editoriales, tribunas y declaraciones que denunciaban sin paliativos una «injustificable» violación del derecho internacional. La intensidad del juicio moral no se vio atenuada por la brevedad del episodio ni por el carácter dictatorial del gobierno venezolano.
En Irán ocurre lo contrario. A pesar de que la información disponible es abundante, contrastada y acumulativa, predominan las llamadas a la moderación, las advertencias sobre la “complejidad regional” y un lenguaje que evita cuidadosamente la condena política explícita. El argumento de la escasez informativa no se sostiene: hay hoy más datos verificables sobre la represión en Irán que los que existían sobre Venezuela en el momento de la intervención estadounidense, y ahí saltó todo Dios.
La diferencia no reside en los hechos, sino en el marco desde el que se interpretan. Cuando el actor central es una potencia occidental, la reacción es inmediata y severa. Cuando la represión emana de un régimen abiertamente autoritario y antioccidental, el tono se suaviza. Defender el derecho internacional es legítimo; aplicar estándares morales distintos según el protagonista lo es mucho menos. Y en ese desequilibrio, cuidadosamente envuelto en matices, se configura un agravio comparativo que convendría empezar a reconocer.
