Un simple error en un pago instantáneo terminó en los tribunales con una sanción muy superior al importe inicial. El Tribunal de Instancia de Cambados (Pontevedra) ha condenado a un taxista a 900 euros de multa por quedarse con 35,20 euros que un cliente le envió por equivocación a través de Bizum. Además, la sentencia le obliga a devolver la cantidad recibida en concepto de responsabilidad civil, con los intereses legales correspondientes, y no es firme, ya que cabe recurso de apelación.
Un error mínimo con consecuencias penales
Los hechos se remontan a agosto de 2025, cuando un cliente de 69 años utilizó un taxi cuyo trayecto costó 53 euros. Al no disponer de cambio, abonó 50 euros en efectivo y completó el pago con 3 euros por Bizum. Días después, al intentar enviar 35,20 euros a un amigo, seleccionó por error el contacto del taxista, que compartía el mismo nombre.
Nada más detectar la equivocación, el cliente contactó con el conductor por WhatsApp para solicitar la devolución del importe. El mensaje fue recibido, pero el dinero no fue reintegrado. Ante la falta de respuesta efectiva, el afectado decidió acudir a la vía judicial.
La sentencia: apropiación indebida, no despiste
La magistrada considera probado que el taxista sabía que el dinero no le correspondía y que, pese a ello, decidió incorporarlo a su patrimonio. Esa conducta encaja en el delito leve de apropiación indebida, regulado en el artículo 254 del Código Penal, que sanciona a quien se queda con dinero recibido por error cuando existe obligación de devolverlo.
La resolución subraya que el uso de sistemas de pago digital no altera los principios básicos del derecho patrimonial. Un Bizum no es distinto de un sobre con dinero entregado por equivocación: no pertenece al receptor y retenerlo tiene consecuencias legales.
Pagos digitales y responsabilidad individual
El fallo tiene un alcance que va más allá del caso concreto. En una economía donde Bizum se ha convertido en una herramienta cotidiana, la seguridad jurídica depende de que existan límites claros y consecuencias proporcionadas. La sentencia recuerda que la comodidad tecnológica no justifica conductas oportunistas.
La paradoja es evidente: por no devolver 35 euros, el coste final asciende a 900. Un recordatorio claro de que quedarse con lo ajeno nunca sale barato, tampoco en la economía digital.
