La política lingüística del Ayuntamiento de Barcelona ha recibido un severo revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado, en su sentencia nº 301/2026, que el consistorio liderado por Jaume Collboni no puede despedir a un trabajador público por el solo hecho de no superar una prueba de catalán.
Tras conocerse el fallo, VOX ha exigido el cese inmediato de lo que consideran una «persecución ideológica» contra los empleados municipales hispanohablantes. El presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, ha sido tajante: «Esta sentencia confirma lo que denunciamos hace años: el Ayuntamiento utiliza el catalán como arma para purgar a trabajadores».
Cocinero con 15 años de antigüedad
El caso que ha hecho saltar las alarmas afecta a un cocinero municipal con más de tres lustros de experiencia. El trabajador fue cesado tras suspender el examen de lengua exigido en el proceso de estabilización de empleo, a pesar de que su plaza no fue ocupada por nadie más.
O readmisión o indemnización
El TSJC es claro al respecto: no aprobar el examen de catalán no autoriza a la Administración a ejecutar un despido automático. Ahora, el Ayuntamiento tiene cinco días para elegir entre readmitir al empleado o pagar una indemnización de casi 59.000 euros.
Para De Oro, que un puesto que no requiere atención al público se vea sometido a estas exigencias demuestra que la política de Collboni busca «la imposición y la exclusión». Según el líder de VOX en Barcelona, la resolución judicial es «un golpe en toda la cara» a la gestión del PSC, a la que acusa de actuar con sectarismo.
Desde la formación exigen que se acate el fallo, se readmita al afectado y se abandonen las políticas que, a su juicio, se han convertido en un mecanismo de expulsión laboral bajo el pretexto del nacionalismo lingüístico.
