La justicia estrecha el margen de maniobra del Ministro. Lo que comenzó como una crisis de reputación en X se ha convertido en una posible pesadilla judicial. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite y ordenado la apertura de diligencias previas contra el ministro Óscar Puente, tras la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia. La investigación se centrará en determinar si existe una responsabilidad penal del Ministerio en la presunta falta de mantenimiento de las infraestructuras que derivaron en la tragedia de Adamuz.
Este movimiento judicial llega apenas horas después de que el ministro intentara calmar las aguas cesando a los responsables técnicos de Rodalies y Adif en Cataluña. Lo que se vendió como una asunción de responsabilidades técnicas, ahora se percibe como un intento de desviar la atención ante la acción de la justicia.
🔴 #ÚLTIMAHORA | La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz
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La responsabilidad política ya no se puede «cesar»
A diferencia de los directores técnicos, un ministro no puede ser destituido con una simple firma de su propio gabinete. La investigación de la Audiencia Nacional busca determinar si hubo una dejación de funciones consciente en la inversión de seguridad ferroviaria.
Los datos de ejecución presupuestaria que hemos analizado anteriormente en El Liberal cobran ahora una relevancia jurídica vital: si el dinero estaba aprobado pero no se ejecutó en las vías, Óscar Puente tendrá que explicar ante un juez por qué se priorizó el gasto en otras áreas mientras el sistema colapsaba.
🔴 #EXCLUSIVA | La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el delito de homicidio imprudente.
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El ministro de Transportes ha sido denunciado por la Asociación Libertad y Justicia. pic.twitter.com/Er3CO05UCC
La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por la masacre en Adamuz.pic.twitter.com/LCneqn21di
— Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) January 27, 2026
El ministro que presumía de no tener miedo a la confrontación en redes sociales se enfrenta ahora al silencio de los tribunales. La apertura de estas diligencias previas supone un punto de inflexión: ya no se trata de una discusión política o de un hilo de X; se trata de una investigación penal sobre la seguridad de todos los españoles.
El ministro de Transportes está, por primera vez, bajo el foco de la justicia, y en esta ocasión no podrá bloquear a quien le pide cuentas. La tragedia de Adamuz y el caos de Rodalies han llegado a la última estación: la de una hipotética responsabilidad legal.
