Las cifras no mienten, aunque el discurso oficial intente matizarlas. Cataluña cierra el balance de 2025 con una realidad social alarmante: el 24,8% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), la tasa AROPE ha escalado ocho décimas en apenas un año, pasando del 24% al 24,8%.
Este incremento pone en entredicho la eficacia de las transferencias sociales y las políticas de acompañamiento de la Generalitat, que no han logrado frenar un deterioro que ya afecta a casi uno de cada cuatro catalanes.
La infancia, el colectivo más castigado
El dato más demoledor del informe es el que afecta a los menores de 16 años. La pobreza infantil no solo no se reduce, sino que se cronifica: un 36,1% de los niños y adolescentes catalanes viven en hogares con ingresos bajos o privaciones materiales severas. Esta cifra sitúa a la infancia como el grupo con mayor riesgo de exclusión, muy por encima de la media general.
Por su parte, la privación material y social severa —que mide la capacidad de las familias para afrontar gastos básicos como la calefacción, una comida de carne o pescado cada dos días o imprevistos de última hora— ha subido hasta el 8,9%.
Vivir con el agua al cuello
El informe del Idescat también revela que la red de seguridad del Estado y la Generalitat es insuficiente. Aunque las transferencias sociales ayudan a reducir la tasa de pobreza monetaria (que sin ayudas sería mucho mayor), el encarecimiento del coste de vida en Cataluña sigue devorando los ingresos de las familias.
Los hogares catalanes no solo son más pobres, sino que tienen menos margen de maniobra. La subida del 24,8% en la tasa AROPE confirma que el crecimiento económico del que saca pecho el Govern no está llegando a las capas más vulnerables de la sociedad, ensanchando una brecha social que parece no tener techo.
