Hasta el 45% de los fijos discontinuos están inactivos. El contrato fijo discontinuo dispara el empleo “estable” sobre el papel, mientras la intermitencia, la baja productividad y la precariedad económica siguen intactas.
La drástica reducción de la temporalidad registrada tras la reforma laboral no responde a una transformación profunda del mercado de trabajo, sino principalmente a un cambio normativo y estadístico. En apenas cuatro meses, el peso de los contratos indefinidos en la contratación mensual pasó de alrededor el 10% en diciembre de 2021 a más del 48% en abril de 2022, estabilizándose después en torno al 43%. Una variación de esta magnitud y velocidad no puede explicarse por cambios productivos reales, sino por la sustitución forzosa de contratos temporales por figuras formalmente indefinidas, especialmente el contrato fijo discontinuo.
Este contrato se ha convertido en el principal instrumento para canalizar el empleo intermitente tras la reforma. Bajo una calificación jurídica indefinida, el fijo discontinuo mantiene la discontinuidad efectiva del trabajo, reduciendo de forma artificial la tasa de temporalidad sin eliminar los periodos recurrentes de inactividad ni la inseguridad económica de amplios colectivos laborales.
La fuerte caída del número de contratos registrados refuerza esta lectura. En 2023 se firmaron 15,4 millones de contratos, un 15,6% menos que en 2022 y casi siete millones menos que en 2019. Sin embargo, esta reducción no implica mayor estabilidad real: una misma relación laboral puede mantenerse activa todo el año aunque el trabajador solo preste servicios durante algunos meses. “La rotación contractual visible se reduce, pero la intermitencia económica persiste”, afirma Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo.
Los datos de horas efectivamente trabajadas confirman que el cambio ha sido principalmente jurídico y administrativo. En 2023, las horas trabajadas apenas alcanzaron el 98,4% del nivel de 2019, pese al fuerte aumento del empleo indefinido registrado. “El mercado laboral no genera más trabajo efectivo: reorganiza el existente bajo nuevas etiquetas contractuales”, sostiene Guivernau.
El uso del fijo discontinuo ha crecido de forma muy significativa y ya constituye un fenómeno estructural del mercado laboral español. Las estimaciones basadas en distintas fuentes estadísticas indican que el número de personas vinculadas a este tipo de contrato habría pasado de unas 650.000 antes de la reforma a más de un millón tras su entrada en vigor, incluyendo tanto trabajadores activos como en periodos de inactividad. No se trata de un ajuste marginal, sino de una redefinición profunda de cómo se canaliza el empleo intermitente en España.
Esta expansión se concentra en sectores tradicionalmente estacionales y de baja productividad. En 2023, más del 60% de los fijos discontinuos se localizaban en hostelería, agricultura, comercio y servicios auxiliares, actividades caracterizadas por elevada estacionalidad, bajos salarios y escaso margen para invertir en capital humano. La reforma no ha cambiado estas debilidades estructurales: las ha integrado dentro del empleo indefinido.
Tampoco se observa un impacto apreciable sobre la productividad. La productividad por hora trabajada en España se situó en 95,8 puntos en 2023 (UE=100), prácticamente en el mismo nivel que antes de la reforma y muy por debajo de la media de la zona euro. El aumento del empleo indefinido registrado no se ha traducido en mejoras de eficiencia ni de crecimiento potencial.
Además, el nuevo modelo desplaza parte del ajuste laboral hacia el sistema de protección social. Aunque el paro registrado se reduce, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo sigue siendo elevado: 1,82 millones de perceptores en 2023, con un gasto equivalente al 1,5% del PIB. La intermitencia del empleo no desaparece, sino que se financia parcialmente con recursos públicos durante los periodos de inactividad.
