En demasiadas ocasiones, da la sensación de que algunos responsables públicos viven alejados de la realidad cotidiana. En lugar de centrarse en resolver los problemas, parecen especializarse en poner obstáculos a quienes generan empleo y sostienen una parte esencial de nuestra economía.
Un ejemplo claro es la propuesta del gobierno de Collboni de eliminar cerca de 10.000 pisos de uso turístico en la ciudad de Barcelona. Más difícil de entender que la propia medida es su justificación: pensar que servirá para solucionar el problema de la vivienda. Sin duda, supone una nueva traba para el sector turístico, uno de los motores económicos de la ciudad, que representa aproximadamente el 14% del PIB y genera una actividad cercana a los 15.000 millones de euros.
Resulta evidente que el actual gobierno municipal se siente cómodo con el respaldo de sus socios independentistas y de la izquierda alternativa, formaciones que con frecuencia centran su acción política en poner límites al sector privado y que han alimentado, en más de una ocasión, discursos contra el turismo.
El cierre de estos pisos turísticos tendrá un impacto directo en la economía de la ciudad. Se estima que aportan cerca de 2.000 millones de euros al PIB y sostienen más de 40.000 puestos de trabajo. Pensar que todos estos inmuebles pasarán automáticamente a destinarse a personas con dificultades económicas es, como mínimo, ingenuo.
Dicen que rectificar es de sabios. El gobierno municipal, que presume de progresista, ha tenido oportunidades para reconsiderar esta decisión, pero no lo ha hecho. En el último pleno del Ayuntamiento de Barcelona, el presidente del Partido Popular en el consistorio, Daniel Sirera, presentó una propuesta para detener la supresión generalizada de las licencias de pisos turísticos hasta disponer de datos y estudios rigurosos que acreditaran su impacto real sobre la vivienda, los precios del alquiler y la convivencia. El gobierno del PSC votó en contra, reafirmándose en su postura contraria a una actividad económica clave para Barcelona. También votaron en contra ERC y BComú.
El Partido Socialista ha demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para mezclar debates e intentar justificar lo injustificable. La vivienda es un ejemplo claro. Señalar a los pisos turísticos como principales responsables del problema no solo resulta simplista, sino también erróneo. Mientras tanto, las medidas impulsadas desde el propio Ayuntamiento han sido claramente ocurrencias insuficientes, como la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. Aprobada en 2018, esta iniciativa apenas ha logrado materializar una treintena de viviendas sociales.
El problema de la vivienda requiere soluciones reales y valientes. Una de ellas pasa por eliminar trabas a la construcción, especialmente los largos tiempos de espera para obtener licencias de obra, que desgastan a los promotores y generan importantes pérdidas económicas. Otra opción sería revisar la catalogación de determinados espacios reservados para equipamientos con el objetivo de permitir la construcción de vivienda asequible.
Pero, sobre todo, es imprescindible una gran colaboración público-privada para afrontar este reto. A quienes presumen de ser de izquierdas quizá les falte más humildad y menos tendencia a culpabilizar al sector privado, que es una parte fundamental del tejido económico y social de la ciudad.
Tampoco se entiende que, mientras se pretende acabar con una actividad legal como son los pisos turísticos, exista tanta permisividad con la ocupación ilegal, en la que en muchos casos el propietario queda desprotegido mientras el infractor parece tener más derechos que quien cumple la ley. Es, en definitiva, el mundo al revés. Las familias vulnerables, por supuesto, deben recibir una respuesta, pero esta debe venir de las administraciones públicas, no recaer sobre los propietarios. Y quienes ocupan ilegalmente no deberían gozar de impunidad. Resulta difícil de justificar que el propio Ayuntamiento acumule más de 30 inmuebles de titularidad municipal ocupados.
El gobierno municipal, junto al autonómico y el estatal, los tres en manos del Partido Socialista, deben asumir su responsabilidad y ofrecer soluciones eficaces al problema de la vivienda. Pero hacerlo sin atacar a sectores económicos que generan riqueza, empleo y oportunidades.
Porque, en definitiva, resulta difícil de comprender que se señale y se penalice a quienes contribuyen a la economía de la ciudad mientras se muestra indulgencia con quienes incumplen la ley. Y, mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando impuestos y esperando soluciones reales.
