En comisarías y puestos de atención al ciudadano, la denuncia por extravío de un pasaporte suele ser un trámite rutinario. Pero en las últimas semanas —con la regularización extraordinaria en marcha y el calendario ya sobre la mesa— sindicatos policiales aseguran estar viendo un patrón que les inquieta: denuncias “en serie” de pasaportes supuestamente perdidos, a veces de personas que llegan sin otra documentación a mano. En X, JUPOL ha elevado el tono y ha hablado de “fraude del pasaporte perdido”, vinculándolo a engaños para encajar en expedientes de extranjería.
El fraude del pasaporte perdido: la Policía envía una alerta nacional al detectar engaños en la regularización de extranjeros, vía @abc_es
— JUPOL (@JupolNacional) February 12, 2026
Jupol, ha denunciado que este oficio «evidencia el efecto llamada que venimos advirtiendo desde que se anunció la regularización… pic.twitter.com/bZ3bnIra70
El proceso, por ahora, está en fase de audiencia pública y el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado que el periodo para solicitar la regularización empezaría “en el plazo aproximado de dos meses”. En la documentación de La Moncloa se concreta además el marco previsto: inicio de solicitudes a principios de abril (si se cumplen los trámites) y ventana abierta hasta el 30 de junio, con requisitos como acreditar residencia y carecer de antecedentes penales.
El incentivo perverso del “papel”
La preocupación de fondo no es la denuncia en sí, sino el uso que puede acabar teniendo dentro de un expediente. En un proceso extraordinario, cualquier justificante documental se revaloriza y puede acabar pesando en la tramitación. Y una denuncia por extravío puede funcionar —si no se comprueba bien— como un justificante que cierre preguntas demasiado rápido.
El propio Estado explica que, si pierdes o te roban el pasaporte, debes presentar la denuncia correspondiente ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y la Policía Nacional ofrece una Oficina Virtual de Denuncias donde figura expresamente la opción de denunciar “pérdida o extravío de documentos y/o efectos”. En Cataluña, los Mossos d’Esquadra incluyen la “pérdida de documentos u objetos” entre los motivos de denuncia (también con cita previa).
Todo esto es lógico para atender pérdidas reales. El problema aparece cuando ese circuito, por su facilidad, se convierte en la vía idónea para “ordenar” un expediente con un documento oficial rápido, especialmente si alguien busca ganar tiempo, encajar un relato administrativo o presentar una identidad que no resista un cruce serio de datos.
OJO a lo que dice este inspector de policía, que los inmigrantes irregulares al tirar los pasaportes pueden dar nombres falsos en los trámites administrativos, por lo que habrá fraude y podrán pasarse documentos entre ellos para regularizarse. pic.twitter.com/hvR4hqgv9n
— Elena (@Elena83650691) February 6, 2026
La mala praxis que temen los agentes
Lo que describen los sindicatos no es una teoría abstracta: es el temor a la intermediación y a los atajos. Cuando se anuncia una regularización, proliferan los “gestores” que prometen soluciones rápidas y paquetes de trámites. En la parte legítima, orientan y acompañan. En la parte turbia, convierten procedimientos pensados para proteger al ciudadano en herramientas para maquillar expedientes: denunciar un extravío inexistente, construir un rastro documental conveniente o intentar “resetear” una identidad problemática.
La regularización extraordinaria puede servir para ordenar una realidad existente. Pero si el sistema premia —aunque sea sin querer— al que llega con menos trazabilidad y más “papeles útiles”, el incentivo perverso hará su trabajo. Y entonces el coste lo pagan dos veces los mismos: quienes cumplen y se ven arrastrados a un embudo más duro, y el contribuyente, que termina financiando el desorden.
