Este 4 de febrero la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo en TVE: “me llevan los demonios que tengamos palancas como la Ley de la Vivienda que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler mientras que en Madrid, que no la aplica, está subiendo a dos dígitos… me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo la mayoría en el Senado para hacerlo”.
Estas palabras merecen un comentario.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana:
— Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) February 4, 2026
“Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid”.
Un 155 para Ayuso, y abrazos para Junqueras y Puigdemont. pic.twitter.com/exnTu9wh8N
QUÉ SIGNIFICA INTERVENIR CON UN 155 LA COMUNIDAD DE MADRID
El artículo 155.1 de la Constitución dice que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan… el Gobierno… por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimento forzoso de dichas obligaciones…”.
El caso más dramático de aplicación del 155 ocurrió en 2017. Tras la declaración unilateral de independencia, el Gobierno de Rajoy, con la aprobación del Senado el 27 de octubre, intervino la autonomía catalana destituyendo a Puigdemont y a sus consellers, controlando las consellerías desde Madrid y convocando elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Siguiendo la idea de Isabel Rodríguez, aplicar el 155 a la Comunidad de Madrid significa obligar a Madrid a aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda (LDV, 12/2023, de 24 de mayo). Es decir, obligar a Madrid a declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) y a implantar en ellas topes máximos de precios de alquiler.
QUÉ DICE LA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
La LDV otorgó a las CCAA la potestad de declarar ZMRT (donde el alquiler era especialmente inasequible) y modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos de modo que si el casero es un gran tenedor (en Cataluña lo es si tiene más de 5 viviendas) y la vivienda se ubica en una ZMRT, la renta pactada al inicio de un nuevo contrato no podrá exceder del tope máximo establecido por la Comunidad en cada caso.
Es una medida muy radical, que ha sido declarada constitucional por el TC. Ha sido implementada sólo en Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias. Las autonomías gobernadas por el PP no lo han implementado. Y tampoco Castilla-La Mancha.
Isabel Rodríguez (y el PSOE y sus socios) están empeñados en transmitir la idea de que la aplicación de la LDV, es decir, la declaración de ZMRT con los topes al alquiler, está produciendo efectos beneficiosos, es decir, que allí donde se aplica, como en Cataluña, se están congelando los alquileres.
Vamos a ver si esto es cierto.
LOS EFECTOS EN CATALUÑA DE LA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
El efecto más notorio tras la aplicación de la LDV en Cataluña es el de la fuerte caída de la oferta de viviendas en alquiler. Tras la LDV los caseros catalanes huyen del alquiler normal. Esto, que es silenciado sistemáticamente por el Gobierno, es lo peor que puede pasar en cualquier mercado. De nada sirve que los precios se frenen (cosa que no ha ocurrido) si no hay viviendas disponibles.
Según el Observatorio del Alquiler (Fundación Alquiler Seguro), al final de 2025 la caída de la oferta es general en España. Pero, del total de 33.418 viviendas en alquiler perdidas en 2025 a nivel nacional, 11.594 (el 34,7%) corresponden a la provincia de Barcelona, nº 1 en el ranking de pérdidas. Así se entiende que al cierre de 2025 haya en Barcelona 462 interesados por cada vivienda (103 en Madrid).
En Madrid, en cambio, se observa un mantenimiento de la oferta, con un ligero aumento del 0,21%.
Y QUÉ HA PASADO CON LOS PRECIOS
Lo más sangrante de la LDV es que, además de la caída de la oferta, no se ha producido una bajada de precios, ni siquiera una congelación.
Según IDEALISTA, entre abril 2024 (tras la aprobación de las ZMRT en Cataluña) y enero de 2026 (último dato disponible), el precio medio del alquiler mensual, en euros por metro cuadrado, en Barcelona ciudad ha subido de 21,1 a 24 euros (13,7%).
Y en Madrid ciudad, en el mismo período, ese precio ha subido desde 19,2 a 23,1 euros (20,3%).
CONCLUSIONES
1.Tras la entrada en vigor de la LDV la caída de la oferta de vivienda en alquiler es brutal en Barcelona. En Madrid la oferta se mantiene.
Respecto a los precios, el promedio de subida, desde la declaración de ZMRT, en Barcelona es el 13,7%. De congelación, nada. En Madrid el 20,3%. No es una diferencia espectacular. Ciertamente, Barcelona presenta una ventaja en cuanto a precio. Pero esa ventaja se queda en nada cuando se comprueba la brutal caída de la oferta. El saldo es netamente perjudicial.
2.No sabemos a qué juega el Gobierno diciéndonos que la aplicación de la LDV es beneficiosa porque allí donde se ha hecho (como en Cataluña) se han congelado los precios. Esto no es cierto. Los precios han subido, aunque algo menos que en Madrid. Y lo peor es el hundimiento de la oferta. ¿De qué sirve que los precios suban algo menos si no hay pisos para alquilar?
3.Muchos expertos coinciden en que allí donde se ha aplicado la LDV se ha estropeado todavía más un mercado, ya muy tensionado, como el del alquiler de viviendas. El Gobierno está empeñado en negar la realidad. ¿Por qué se niega a reconocer que la LDV hunde la oferta y además no congela los precios?
Por eso, es alucinante que la ministra de la Vivienda diga que le encantaría intervenir Madrid con un 155 para obligarle a aplicar las mismas medidas que en Cataluña. ¿Para qué? ¿Para que se hunda la oferta y sigan subiendo los precios? Con dirigentes así nunca bajarán los alquileres.
4.Es urgente derogar la LDV y es urgente implantar un marco de seguridad jurídica para los caseros, ahora inexistente. Entre otros ejemplos, es contraproducente mantener la suspensión de desahucios para los vulnerables, cosa que se viene prorrogando desde 2020 (llevamos así 6 años). Es una medida buenista que beneficia a 50.000 familias (dato no contrastado). Pero esa medida genera miedo a no poder desahuciar y a tener que aguantar el impago de la renta: la reacción del mercado es reducir la oferta e imponer unos requisitos económicos incumplibles que expulsan a cientos de miles de candidatos a inquilinos. Es lo que pasa con el buenismo: por beneficiar a unos pocos se perjudica a muchos.
Las situaciones de vulnerabilidad deben ser resueltas por los poderes públicos, no por los caseros.
De todos modos, habrá que ver si se convalida en el Congreso el Real Decreto-Ley 2/2026 que mantiene la suspensión de los desahucios para 2026. A instancias del PNV se ha retocado algo: los titulares de dos o menos viviendas sí podrán desahuciar. Pero la cosa está en el aire. Depende de Junts.
