Según un informe de policía avanzado por elconfidencial.com, la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno podría terminar beneficiando a entre un millón y 1,35 millones de personas, más del doble de las cifras que el Ejecutivo ha venido manejando públicamente.
El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) —unidad adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras—, se presenta como un “análisis de riesgo” fechado el 29 de enero y reevalúa al alza el alcance del proceso extraordinario.
Un informe de la Policía prevé que los inmigrantes regularizados duplicarán el cálculo del Gobierno.
— El Confidencial (@elconfidencial) February 16, 2026
El análisis anticipa además que entre 200.000 y 250.000 inmigrantes irregulares residentes en el espacio Schengen se trasladarán cada año a España
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Una estimación que duplica el cálculo oficial
La principal advertencia del informe es numérica: el CNIF estima que entre 750.000 y un millón de personas extranjeras en situación irregular ya residentes en España solicitarán la regularización. A ese volumen suma entre 250.000 y 350.000 solicitantes de asilo que también entrarían en el procedimiento. En el escenario más “cauto”, el total ya supera ampliamente el medio millón defendido en las últimas semanas por el Ejecutivo.
El texto policial también pone el foco en la facilidad para acreditar la permanencia y en los riesgos de fraude documental, al considerar que parte de la documentación exigida puede ser “fácil de conseguir” y, en algunos casos, “falsificable” (por ejemplo, recibos, billetes, certificados, justificantes de envíos de dinero o declaraciones/testigos).
Efectos a medio plazo: “percepción de mayor permisividad” y presión migratoria
Más allá del recuento inicial, el CNIF prevé efectos indirectos. Entre ellos, una mayor atracción por la “percepción internacional” de España como un país más permisivo con la inmigración irregular y una fuerte difusión del anuncio, especialmente en América Latina, con información circulando en redes y canales opacos sobre cómo acogerse al proceso.
El informe añade dos predicciones concretas:
- “Movimientos secundarios” desde otros países del espacio Schengen hacia España de 200.000 a 250.000 personas al año.
- Desplazamiento de rutas marítimas hacia el Mediterráneo occidental, con 6.000 a 12.000 llegadas adicionales anuales por mar.
Además, estima un aumento del 8%–10% (entre 35.000 y 45.000 personas al año) procedente de “áreas directas”, sobre todo por entrada aérea —principalmente latinoamericanos— que acceden como turistas y prolongan su estancia más allá de los tres meses.
🔈 La inminente regularización masiva de inmigrantes que proyecta el Gobierno perjudicará la operativa policial, provocará un efecto llamada, rompe un consenso de veinte años y se opone frontalmente a las políticas europeas migratorias. Denuncia @cep_cepolicia de esta mañana 👇🏻 pic.twitter.com/kYbQ3xfurR
— CEP (@cep_cepolicia) January 27, 2026
El Gobierno niega “efecto llamada” y defiende una ventana temporal cerrada
Frente a esas conclusiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostiene que no existe “efecto llamada” cuando hay un marco temporal claro, con fecha de corte y plazo cerrado de solicitudes, y defiende que regularizar “corta el negocio” de quienes se aprovechan de la irregularidad.
En la práctica, el procedimiento se ha presentado como extraordinario y acotado: podrán acogerse quienes ya estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 (cumpliendo el periodo exigido de residencia) y las solicitudes se tramitarán en una ventana limitada que, según la información difundida por el Gobierno, se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, con la previsión de empezar a aceptarlas en primavera.
Un debate abierto: seguridad, capacidad administrativa y precedente
El documento del CNIF se alinea con la preocupación expresada por sindicatos policiales, que advierten del riesgo de colapso de unidades ya tensionadas y de un posible incentivo indirecto a las redes de tráfico de personas. En sentido contrario, organizaciones y expertos citados en otros análisis recuerdan que no hay evidencia clara de que regularizaciones previas generasen un “efecto llamada” automático y que pesan más factores económicos y de contexto.
Con el choque de estimaciones sobre la mesa —medio millón frente a hasta 1,35 millones—, el foco político se desplaza ahora a dos preguntas: si la administración podrá absorber el volumen de expedientes sin atascarse y si el diseño del proceso minimizará el fraude y los “movimientos secundarios” que la propia Policía anticipa.
