Las democracias no suelen romperse con estruendo. Se desgastan cuando las normas empiezan a tratarse como obstáculos y no como límites necesarios. Las instituciones no existen para agradar, sino para sostener. Y sostener es una tarea silenciosa: nadie recuerda los cimientos mientras el edificio permanece en pie. La separación de poderes se fundamenta en una desconfianza organizada. La conciencia de que el poder necesita límites, incluso cuando nace de las urnas.
España construyó su estabilidad reciente sobre esa intuición. La Constitución del 78 es, también, un pacto de contención: ningún actor debía concentrar un poder que no pudiera ser equilibrado por otro. Ejecutivo, Legislativo y Judicial no estaban pensados para confundirse, sino para vigilarse. Es la intervención del Ejecutivo y del Legislativo en la elección de los jueces la que deriva en confusión. Cuando esa arquitectura se adapta a conveniencias coyunturales, lo que se resiente no es sólo la confianza en el marco común. Es el sistema.
Unas instituciones sólidas no se diseñan para cumplir en tiempos cómodos, sino en momentos de tensión. Si pueden acceder al poder partidos políticos con una agenda que busca ocupar las instituciones y subordinarlas a su proyecto, el Estado debería disponer, también, de mecanismos institucionales firmes capaces de garantizar que determinadas decisiones no queden al arbitrio de una mayoría simple. Sólo contrapesos reales pueden impedir que una aritmética circunstancial se convierta en dominio estructural.
Unas instituciones sólidas no se diseñan para cumplir en tiempos cómodos, sino en momentos de tensión
Cuando los principios permanentes se sustituyen por soluciones momentáneas, las garantías se debilitan. Una institución tratada como instrumento termina siendo eso: un instrumento. Y éstos cambian de manos para seguir instrumentalizando. Un Estado maduro no se mide por la intensidad de los discursos parlamentarios, sino por la solidez de sus límites. Por la capacidad de que el poder acepte fronteras. Por la certeza de que nadie está por encima del marco común en beneficio propio.
La verdadera responsabilidad política consiste en algo menos espectacular de lo que parece: defender y garantizar la independencia de las instituciones, ya que su permanencia es superior a la de las victorias electorales. Porque cuando las instituciones se vuelven frágiles, según quién las ocupe, la libertad deja de ser un derecho seguro y puede convertirse en una concesión. Y las concesiones, tarde o temprano, se revocan.
